El proyecto de financiamiento universitario tiene un costo del 0,14% del PBI

En la antesala del tratamiento en comisiones -y posteriormente el recinto del Senado- del proyecto de ley sobre financiamiento universitario, la Oficina de Presupuesto del Congreso evaluó el impacto fiscal que tendría la medida para este año y estimó un 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones.

La iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados por 143 votos positivos, 77 negativos y 1 abstención el pasado 15 de agosto propone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudio al inicio del ejercicio 2024 por la variación anual del IPC en 2023, y luego, bimestralmente ajustar el monto resultante por el IPC informado por el INDEC, descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

Asimismo, establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1ro. de diciembre de 2023 y hasta que se sancione el proyecto como ley, tomando en cuenta aumentos ya otorgados, y luego una actualización mensual por la inflación informada por el INDEC.

Según el informe de la OPC, para el ejercicio vigente “se estimó un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”. En el detalle, la actualización por IPC anual 2023 para gastos de funcionamiento representa unos $210.742 millones, el 0,04% del PBI.

En tanto, la actualización bimestral por IPC 2024 para gastos de funcionamiento sería de $86.254 millones, el 0,02% del PBI; y la recomposición de salarios de personal docente y no docente se lleva la mayor partida, con $441.600 millones, el 0,08% del PBI.

En el estudio que fue requerido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se señala que “el impacto derivado del artículo 3 del proyecto se estima en $210.742 millones y surge de comparar el presupuesto actualizado ($310.427 millones) con el crédito inicial ($99.685 millones). Por su parte, el impacto del artículo 4 se proyectó en $86.254 millones que resulta de la diferencia entre el impacto final ($296.995 millones) y el impacto del artículo 3”.

En el monto que representa los incrementos para el personal, los salarios de docentes y autoridades costaría $277.187 millones, mientras que los salarios de no docentes $164.413 millones, un total de $441.600 millones.

Respecto al artículo que establece “la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles”, el organismo de asistencia técnica a los legisladores lo incluyó dentro de los “impactos fiscales no cuantificables”.

“El mismo no especifica a qué becas estudiantiles se refiere ni se establecen parámetros para la actualización de su monto ni la incorporación de becarios, por lo que no es posible estimar el impacto fiscal”, sostuvo la OPC.