Claudio Petris se mostró preocupado por la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, Claudio Petris, expresó su preocupación y brindó su postura tras la reciente presentación judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) ante la justicia federal. Esta acción, calificada como una “acción declarativa”, fue interpuesta en defensa de los derechos de “incidencia colectiva” y pone en duda la constitucionalidad de la nueva ley de Impuesto a las Ganancias.

En una entrevista con El Diario Web, Petris explicó detalladamente la situación: “El impuesto a las ganancias estaba regulado por una ley del año 2017, conocida como la Ley 27.346. Esta normativa incluyó a los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación, de las provincias, y del Ministerio Público Nacional, siempre que los nombramientos hubiesen ocurrido a partir del 1 de enero de ese año”. Esta ley introdujo una excepción en la normativa vigente, que hasta entonces exentaba a los magistrados de pagar este impuesto para preservar la intangibilidad de sus remuneraciones.

Petris resaltó que esta exención tenía como finalidad proteger a los magistrados de influencias externas y asegurar su independencia. Sin embargo, con la nueva ley, coloquialmente conocida como “Paquete Fiscal”, se introduce una ampliación de la imposición, afectando a la cuarta categoría de trabajadores, que según Petris, incluye a aproximadamente un millón de trabajadores, incluyendo magistrados, funcionarios y empleados.

“Esta situación es particularmente gravosa en regiones como la Patagonia”, indicó Petris, haciendo referencia al costo de vida más elevado en esta zona del país. Este aspecto es crucial, ya que las remuneraciones en la Patagonia incluyen ítems salariales adicionales para compensar este costo de vida, los cuales podrían verse afectados por la nueva legislación.

La acción judicial presentada busca suspender la aplicación de la ley hasta que se aclare su constitucionalidad. “No es que los trabajadores judiciales no quieran pagar impuestos”, aclaró Petris. “Desde el 1 de enero de 2017, los nuevos nombramientos ya están sujetos a esta normativa. El problema radica en que ahora se hace más perjudicial para este grupo de trabajadores, incluyendo magistrados, fiscales, defensores y demás personal judicial”.

Además, Petris expresó su preocupación sobre cómo se determinarán las deducciones y sobre qué base se calculará el impuesto. Señaló que esto podría representar un avance sobre las competencias provinciales, creando un conflicto de jurisdicciones. “Hay una serie de cláusulas constitucionales, tanto a nivel nacional como provincial, que están en juego aquí”, comentó. “El impuesto fijado ahora tiene alícuotas progresivas que van del 5% al 35%, y los umbrales para tributar se establecen en 1.800.000 pesos brutos para trabajadores solteros y 2.200.000 pesos brutos para trabajadores casados con hijos menores de edad o a cargo”.

Petris también destacó la magnitud de este cambio, mencionando que un colectivo de aproximadamente un millón de personas volverá a tributar bajo esta nueva legislación. “Estamos hablando de una amplia gama de trabajadores de la cuarta categoría, quienes ahora se verán afectados por esta ley”, dijo. “El impacto es significativo, ya que los nuevos impuestos comenzarán en montos bajos, desde aproximadamente 3.000 pesos, pero pueden ascender hasta los 60.000 pesos o más, dependiendo del caso”.

En cuanto al proceso judicial, Petris explicó que la acción busca la suspensión de la ley hasta que se resuelva su constitucionalidad. “Si un juez lo decide, la aplicación de la ley puede suspenderse temporalmente”, afirmó, señalando que actualmente la justicia está en feria y se ha solicitado la habilitación de la feria de invierno para tratar este asunto con celeridad. “La medida cautelar debe cumplirse, pero siempre hay posibilidad de recurrir a instancias superiores para revisar la decisión”.

Finalmente, Petris reflexionó sobre la situación general del país, mencionando que la inflación sigue siendo un problema persistente y que la aplicación de esta ley podría resultar en una reducción efectiva de los ingresos de los trabajadores. “Es un grave perjuicio para los trabajadores judiciales”, concluyó. “Estamos hablando de sueldos, no de ganancias, y quizás debería haber un impuesto específico para las altas ganancias”.