La pesca ilegal de 163 toneladas de merluza negra desató un escándalo que acaparó la atención de medios de todo el país, algo que rara vez sucede con la industria pesquera. Es que el caso del Tai An no solo es un caso de pesca ilegal, lo que de por sí es grave, sino que además derivó en la renuncia del director de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, y la posterior renuncia del funcionario de cancillería que lo amenazó para evitar que se sancione al buque, Pablo Ferrara, que además de ser cercano a la canciller Diana Mondino, fue nombrado por ella como representante de su cartera en el Consejo Federal Pesquero.

Todos hablaban ayer de este caso que pone al descubierto que las prebendas y la ilegalidad no se terminaron con el cambio de gobierno y los senadores radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau pidieron explicaciones. Mientras esto sucedía, en Ushuaia el Subsecretario de Pesca seguía cumpliendo los deseos del propietario del barco, posponiendo la descarga.

Cuando todos los medios replicaron el trabajo de REVISTA PUERTO sobre el caso Tai An y la renuncia de Julián Suárez, el nombre del funcionario de cancillería, Pablo Ferrara, comenzó a ser un problema para el gobierno de Javier Milei. Por lo que no pasaron muchas horas para que se le sugiriera desde la Cancillería que dé un paso al costado. Intentó resistirse, pero finalmente presentó su renuncia, aunque no sería indeclinable. Todavía no se confirmó que la Ministra la haya aceptado.

Por el momento se evalúan dos posibilidades, que la acepte para poner fin a un escándalo de ilegalidad que la salpica de alguna manera, o que espere “que baje la espuma, para ponerlo en alguna otra función lejos del mar, cuando los medios estén ocupados con otra cosa”, se rumoreaba ayer en los pasillos de la Cancillería. Lo que seguramente no sucederá, es que sea representante en el Consejo Federal Pesquero.

Viéndose involucrado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el escándalo, ayer, durante la reunión de Comisión del Senado, Martín Lousteau aprovechó la presencia de dos funcionarias de la Subsecretaría de Pesca para pedir una explicación sobre los hechos.

Gabriela Navarro fue la encargada de explicar este desaguisado y en honor a la verdad evitó describir el hecho con la verdadera dimensión que tuvo. La funcionaria señaló que se trató de pesca incidental de un barco sin cuota pero que, debido al volumen se le pidió que se retirara de la zona de distribución de la especie y que ahora se actuaría fiscalizando la descarga.

En ningún momento aclaró Navarro que el límite de bycatch era de 5 toneladas y que el barco había capturado 163 toneladas, que lejos está este caso de ser pesca incidental y que habiendo estado en el área de distribución se puede inferir pesca dirigida, por lo cual se encontraba en franca violación a la Ley de Pesca y debía ser enviado a puerto de forma inmediata. Gabriela Navarro, en lugar de dar información, en realidad, evitó darla.

Quien al parecer está más empapado en el tema es el senador por Tierra del Fuego Pablo Blanco, que no solo ha salido en los medios para dar a conocer su postura sino que realizó un pedido de información detallado de las actuaciones tanto a la Secretaría de Bioeconomía como a la Cancillería.

“Ante la gravedad de lo sucedido con la pesca irregular de Merluza Negra en aguas fueguinas y los aprietes que hubiera recibido el responsable de su fiscalización desde Cancillería, presentaré un pedido de informes y citaré a las autoridades para que brinden explicaciones”, escribió Blanco en su cuenta de X.

“Es necesario investigar a fondo esta situación para verificar los hechos y determinar si se ha cometido un delito”, señaló Blanco en el comunicado que reprodujo el diario La Nación. También pidió a Fernando Vilella que explique “las razones por las cuales no se cumplió la normativa vigente en relación con el control pesquero en el caso del buque chino de bandera argentina por una captura indebida de merluza negra”.

Dirigiéndose a Diana Mondino pidió que explique “las razones por las cuales un funcionario de la Cancillería ejerció presiones para propiciar el incumplimiento antes mencionado y cuáles son las medidas a tomar para que no vuelvan a repetirse actos depredatorios y de corrupción como el sucedido”.

Mientras esto pasaba en Buenos Aires, en Tierra del Fuego, el subsecretario de Pesca López Cazorla seguía acatando las órdenes de Liu Zhijiang. La descarga ante la comisión fiscalizadora estaba programada para las 13, Cazorla llegó unos minutos más tarde a la ciudad de Ushuaia y para entonces el propietario del Tai An ya había cambiado de parecer y dijo que se descargaría a las 19, lo que fue aceptado obedientemente por el Subsecretario. Finalmente, el empresario decidió que la descarga se haría al día siguiente.

Resulta delirante que ante el escándalo desatado y frente a un hecho de violación a la Ley Federal de Pesca, el Subsecretario siga poniéndose a disposición del infractor en lugar de ordenar la inmediata descarga, labrar el sumario y confiscar la mercadería. Recordemos que para una falta de esta magnitud la ley prevé, además de una multa millonaria y el decomiso de la mercadería, la parada en puerto por al menos sesenta días y hasta la posible pérdida del permiso.

Entre los empresarios del sector circulaba ayer un mensaje en el que se comparaban las 163 toneladas de merluza negra con la merluza hubssi. “Esta captura ilegal representa el 4,4% de la Captura Máxima de la especie. ¿Se imaginan si de la hubbsi alguien les robara 15.334 toneladas? Si lo convertimos en HGT los valores superan ampliamente lo de la negra”.

El subsecretario López Cazorla tiene todas las herramientas legales a su disposición para aplicar sanciones verdaderamente ejemplificadoras, la Ley Federal de Pesca lo contempla claramente. Dudo mucho que algo así vaya a suceder.

Fuente: Karina Fernández / Revista Puerto.