El Gobierno de Javier Milei sufrió un duro revés en el Congreso al tener que levantar la sesión en el que se discutía artículo por artículo la ley ómnibus, luego de que fueran rechazos puntos clave de la legislación. De esta manera, el mega proyecto del Poder Ejecutivo volverá a comisión. Es la primera vez en la historia de la Cámara que un texto aprobado en general vuelve a foja cero.

Oscar Zago, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, consideró que «no es ninguna derrota ni un paso atrás» sino que «es una vuelta a comisión para seguirlo tratando«.

Previo al levantamiento de la sesión, el oficialismo votó convocar a un cuarto intermedio a pedido del diputado Miguel Pichetto, ante las dificultades para aprobar aspectos centrales del proyecto.

Durante el receso, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a su despacho a Zago junto con los presidentes de bloque del PRO, Cristian Ritondo, de la UCR, Rodrigo de Loredo, y de Hacemos Cambio Federal, Miguel Pichetto, dejando fuera de la discusión al representante de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Allí, el oficialismo y los bloques opositores «dialoguistas» discutieron sobre el devenir de la sesión y finalmente decidieron ponerle fin y enviar nuevamente el proyecto a las comisiones. Zago confesó que dentro del despacho había miembros del Poder Ejecutivo que avalaron la decisión: «Tomaron la decisión con nosotros de volver a comisión y seguir dialogando».

Malestar en el Gobierno 

Escasos minutos pasaron desde que se levantó la sesión en Diputados, el Gobierno emitió un comunicado oficial en el que se responsabilizó a los «gobernadores» por el retorno a comisión de la ley Bases, que el viernes último había sido aprobada en general por la Cámara de Diputados, y los acusó de «destruir» esa normativa.

«El presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo este mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor frustren el futuro de todos los argentinos», manifestó.

El Poder Ejecutivo consideró así que «los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ‘Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos’ artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla».

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 6, 2024

«Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina», añadió el Gobierno.

La administración de La Libertad Avanza (LLA) reprochó que esos sectores «llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio para hoy traicionar a sus votantes».

«No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come. La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno», cerró el comunicado oficial.

Que pasó en el debate 

Antes de que se levantara la sesión en la Cámara de Diputados este martes, la antesala del fracaso para el oficialismo se vio con la caída casi total del capítulo de “reorganización administrativa”, dentro del capítulo de reforma del Estado. Tras la votación en particular de los artículos referidos a las emergencias y facultades delegadas de la ley de Bases (en la cual también se habían votado en contra algunos incisos), la discusión continuó con dos artículos específicos (5 y 6). Gran parte de ese texto resultó rechazado.

De 6 incisos que conformaban el artículo 5, sólo quedó en pie uno. Por 144 votos en contra y 109 a favor, se rechazó el inciso “a” que buscaba “regular y concentrar en un marco regulatorio la organización y funcionamiento interno del Sector Público Nacional” de “modo sistemático, coherente y ordenado”.

También se votó en contra, por 154 votos negativos y 98 positivos, la facultad que buscaba el Ejecutivo para “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente, órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional” y “cuando fuera pertinente, transferir, previo acuerdo, dichos órganos o entidades a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con, de corresponder, la debida asignación de recursos. Todo ello con excepción de las universidades nacionales”.

Otro inciso que se cayó, por 141 votos en contra y 110 a favor, fue el que indicaba la atribución de “suprimir total o parcialmente competencias, funciones y responsabilidades superpuestas, duplicadas o cuyo mantenimiento se haya tornado manifiestamente innecesario de los órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional” y la capacidad de “intervenir todos los entes, empresas y sociedades del Sector Público Nacional, cualquiera sea su tipo jurídico, con la sola exclusión de las universidades nacionales”.

Además, quedó afuera también, por 152 votos negativos y 101, la facultad para “transformar, modificar, liquidar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios y/o revertir sus recursos a Rentas Generales con el objeto de asegurar una mayor transparencia en su administración”.

El único inciso que había logrado ser aprobado, con 134 votos a favor y 119 en contra, fue el que rezaba: “Regular e implementar la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración Pública nacional mediante un sistema de acceso y promoción en función del mérito y la obtención de logros y metas objetivas preestablecidas”.

En tanto, el artículo 6 se había logrado aprobar por 137 votos positivos, 111 negativos y 2 abstenciones. Establecía la facultad al Ejecutivo para “regular y concentrar en un marco normativo el régimen de contrataciones aplicable a toda la Administración Pública Nacional”.