El fiscal federal Miguel Palazzani solicitó este jueves tres años de prisión y cinco de inhabilitación para los cuatro guardaparques procesados en el juicio que se lleva adelante en Neuquén por la llamada «tragedia de Lolen», ocurrida en 2016, cuando la caída de un árbol causó la muerte de dos niños en un camping del Parque Nacional Lanín.

La Fiscalía pidió tres años de prisión que podrá ser dejada en suspenso «con las reglas que estime el tribunal»; y cinco años de inhabilitación «para los cargos que están detentando». En tanto, para los dos integrantes de la comunidad mapuche Curruhuinca -a cargo del camping- que también están imputados, solicitó la absolución.

Los cuatro agentes de la Administración de Parques Nacionales (APN) están acusados por homicidio culposo agravado por el número de víctimas, lesiones graves culposas agravadas por el número de víctimas, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

«No podemos compartir de ninguna manera, ni siquiera parcialmente, el pedido de tres años de prisión, ni de cinco años de inhabilitación de la actividad en personas que no han hecho más que cumplir con sus deberes reglamentarios, establecidos en el artículo 33 de la ley 22351 de Parques Nacionales», dijo el secretario de prensa del Sindicato de Guardaparques Nacionales, Danilo Hernández Otaño.

Asimismo, señaló que «toda la causa se basa en responsabilidades supuestas sobre algo que el Estado debería haber previsto, pero de ninguna manera son responsabilidades de ninguno de los cuatro guardaparques imputados».

«Nada de lo que estamos diciendo debe interpretarse como una indiferencia al dolor de las familias de las dos víctimas, pero es absolutamente absurda toda la causa e intentar encontrar culpables penales sobre un accidente natural imprevisible», expresó el referente de los guardaparques.

Más temprano, trabajadores de Parques Nacionales, guías de turismo y representantes de instituciones locales se concentraron  en San Carlos de Bariloche para acompañar a los cuatro guardaparques «procesados por un fenómeno natural» y advirtieron que la causa puede afectar a las actividades relacionadas con el turismo.

Sobre las escalinatas de la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, fueron alrededor de 50 los guardaparques y trabajadores de todas las áreas de la APN que reforzaron su posición respecto del proceso judicial.

«El resultado de lo que pueda llegar a suceder en el juicio que se está llevando a cabo, de alguna manera va a marcar el futuro de la institución y de todo el uso turístico y uso público dentro de las áreas naturales protegidas», advirtió Germán Solveira, un guardaparque con 25 años de experiencia que ofició de vocero de sus colegas.

«Sin duda que el resultado de la sentencia del día de hoy va a marcar cómo continuar haciendo uso y disfrute de las áreas naturales» en todo el país, afirmó.

En esta línea, destacó el nivel de acompañamiento social a los trabajadores de Parques: «Es total. Hoy no hay ninguna concesión del Parque Nacional que esté llevando adelante su actividad económica, ningún prestador turístico, absolutamente un porcentaje casi del 100% que no está prestando atención al turismo».

«Sin lugar a dudas no somos solo los guardaparques los que podríamos llegar a estar complicados» si la justicia determina la culpabilidad de los acusados: «Los concesionarios, los permisionarios, cualquiera que trabaje en turismo, sin lugar a dudas también, porque al fin y al cabo hablamos de los cuatro compañeros guardaparques procesados, pero también las dos personas que gestionaban ese camping, que tienen una actividad económica dentro del parque y están en una misma situación de proceso».

Los hechos

El Tribunal Oral Federal de Neuquén, integrado por los jueces María Paula Marisi, Pablo Lacava y Alejandro Cabral, realizó este juves la última audiencia por la «tragedia de Lolen», en la que dos niños murieron por la caída de un árbol en el Parque Nacional Lanín, en San Martín de los Andes.

En la tarde del 1 de enero de 2016, durante un día con fuertes ráfagas de viento, un roble pellín de unos 40 metros de altura ubicado dentro del camping Lolen -cerca de la costa del lago Lacar- se desplomó y mató a dos niños de 3 y 7 años, y lesionó de gravedad a su abuela y al padre.

Por ese hecho están siendo juzgados los guardaparques Matías Iván Encina, Diego Luis Lucca, Juan Ignacio Jones y María Mercedes Hileman, junto con los prestadores turísticos Milena Úrsula Cheuquepan y Juan Eduardo Delgado Abarzúa (a cargo de la concesión del camping cuando ocurrió la tragedia).

A todos ellos se los acusa de haber actuado de manera negligente al no advertir los riesgos que representaba el árbol, que estaba con sus raíces al descubierto.

La postura del personal de PN respecto del hecho se resume en una bandera y un letrero ubicados esta mañana junto a los manifestantes, en los que podía leerse: «Los parques nacionales son áreas agrestes. Existen riesgos» y «El personal de la A. (https://www.thisnation.com) P.N no es responsable por los fenómenos naturales»,

Es una situación «muy trágica, y en ese sentido siempre hablamos del acompañamiento a las familias por el dolor que sienten, que es irreparable, pero claramente es una situación que tiene un origen natural y que es desde luego imposible preverlo, imposible manejarlo», afirmó Solveira.

Para el profesional, una sentencia en contra de los imputados podría cambiar el futuro de los parques nacionales argentinos.

«Me cuesta pensar cómo vamos a poder disfrutar de un área protegida en donde tengamos que prever el 100% de las cosas, en un área que gran parte de su encanto tiene que ver con la cosa nueva, con el descubrir algo distinto, con el encontrarse con un medio natural», analizó.