EL FISCAL MARIJUAN CITÓ AL JEFE DE GABINETE PARA EL LUNES 28 DE NOVIEMBRE

Llaman a declarar a Manzur por la polémica con los planes Potenciar Trabajo


El fiscal federal Guillermo Marijuán llamó a declaración testimonial al Jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur, para el 28 de noviembre próximo a las 11 de la mañana, en el marco de las investigaciones por las irregularidades que la AFIP detectó en el Potenciar Trabajo, el mayor programa del ministerio de Desarrollo Social a cargo de Victoria Tolosa Paz. El Jefe de Ministros de la Nación puede responder por escrito.

Para ese mismo día, pero una hora más tarde, también fue citado a declaración testimonial al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Daniel Castagneto, es decir el responsable final de la elaboración de los dos informes que revelan las “incompatibilidades” en el cobro del Potenciar Trabajo de miles de beneficiarios.
Marijuan también libró un oficio a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, “a los fines de que se informe la nómina de personal que presta funciones en la Secretaría de Economía Social a cargo del Sr. Emilio Pérsico, debiendo especificar los cargos que desempeñan tales personas”.

Pérsico, a través de esa secretaría de Estado, está a cargo del programa Potenciar trabajo. El funcionario también es uno de los principales referentes del Movimiento Evita.

El fiscal inició una investigación de oficio llamada preliminar, para saber por qué la funcionaria “se apartó” de los dos informes de la AFIP y no dio de baja la totalidad de los titulares de ese plan social, a pesar de las irregularidades e incompatibilidades detectadas por el ente recaudador.

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Marijuan indaga las razones por las cuales Tolosa Paz anunció en conferencia de prensa que dará de baja sólo 2.243 planes Potenciar Trabajo cuando un informe reservado que le elevó la Agencia Federal de Ingresos públicos, publicada de manera exclusiva por este medio, había detectado 253.184 beneficiarios que no deberían recibir esos honorarios mensuales por parte del Estado y que tiene un valor del 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil.

En el requerimiento, Marijuan le pide a Manzur que se presente en la fiscalía “acompañado de la documentación respaldatoria labrada o tomada en consideración por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para no atender u observar los dos informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos solicitados por ese organismo en fechas 30/06/2022 y 10/11/2022, en relación al control y/o auditoria del Programa Potenciar Trabajo”.

Entre esas incompatibilidades, la AFIP detectó la compra de dólares, personas que tienen más de una propiedad, autos de menos de un año de antigüedad, beneficiarios que poseen medicina prepaga o cobertura social, que son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros, e incluso que seguían percibiendo el subsidio a pesar de haber fallecido y no fueron depurados del padrón de 1.383.279 titulares que estaban inscriptos al menos hasta el 24 de octubre pasado, fecha en que fue elevado el informe al ministerio de Desarrollo Social.

El primer entrecruzamiento de datos que realizó el ente recaudador había sido pedido el 30 de junio pasado por el entonces ministro del área Juan Zabaleta. La solicitud demandaba que se releven los datos del universo de beneficiarios seis meses hacia atrás, es decir, desde principio de 2022.

La AFIP respondió en base a las preguntas que elaboró Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social y a cargo del Potenciar Trabajo.

Entre esas preguntas se solicitaba, por ejemplo: “Que hayan efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales que supere CUATRO (4) veces el importe anualizado del ingreso previsto en el inciso a), (2 smvm) y/o la tenencia de bienes informados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y/o la tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de Aviación Civil, y/o la tenencia de embarcaciones”.

A ese requerimiento, que no pedía discriminación de ningún tipo, respondió que estaban incluidos 253.184 beneficiarios.

Siempre en base a esa docena de consultas, la AFIP respondió que:

-44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

-52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc.

-10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad.

-835 pertenecen al régimen simplificado (Monotributo) categoría C o superior.

-63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

-8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros.

-209 poseen medicina prepaga o cobertura social.

-35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación.

-39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.

-2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.

Tolosa Paz, disconforme que el pedido que realizó su antecesor pidió uno nuevo, pero ya no desde enero de 2022, sino del mes de noviembre. Y demandó menos puntos, según ella, solo los ítems que comprendían las incompatibilidades.

El juego de las diferencias

Al recibir los dos informes, en la fiscalía federal advirtieron que, al realizar el entrecruzamiento, el padrón de beneficiarios ya es menor: de los 1.383.279 titulares referenciados en el primer informe, se pasó a 1.362.579, es decir 20.700 beneficiaros menos.

Los fallecidos que seguían figurando en el padrón de octubre eran 2.870 y pasaron en noviembre a 401.

Los 8.019 titulares de jubilaciones, pensiones o retiros pasaron a 3.377. De los 209 que cobraban de manera irregular por tener medicina prepaga o cobertura social, pasaron a 165.

En el segundo requerimiento no se solicitó de manera específica quiénes declararon Impuesto sobre los Bienes Personales. Sí, en cambio, se pidió identificar quiénes era propietarios de motos (130.223), que según la ministra no es “incompatible con el beneficio del Potenciar Trabajo” y quienes son dueños de un automotor “menores de 10 años” (3.227).

En la fiscalía de Marijuan investigan si el nuevo pedido fue realizado después de dar de baja a algunos beneficiarios con incompatibilidades detectados en octubre, y si se suprimieron algunas preguntas para que los números de titulares que no debían acceder al Potenciar Trabajo “aparezca como menos brutal”.

En conferencia de prensa, la ministra había dicho que se daría de baja a solo un poco más de dos mil beneficiarios del Potenciar Trabajo porque que el informe de la AFIP se trató de una “mala interpretación periodística”, ya que era información “estadística”. Y aclaró que los datos que reveló el viernes pasado son “nominales”.

Tolosa Paz había señalado que sólo el 0,3% de los beneficiarios presentó irregularidades como compra de dólar ahorro y/o realizaron gastos con tarjeta de crédito.

Según detalló la funcionaria, hubo 145 personas que realizaron compras con tarjeta de crédito desde 100 dólares mensuales hasta 50.000 dólares acumulados durante los 26 meses analizados, totalizando consumos por 1.108.107m dólares.

“No hay duda alguna de que es una condición para la baja inmediata de estos casos”, dijo. “A partir de este cruce de información, realizado sobre 1.362.579 titulares efectivos del programa, detectamos un 0.3% de casos que incumplieron las normas. Con esas personas, este ministerio va a ser inflexible. Potenciar Trabajo no es incompatible con ser propietario o propietaria de un inmueble, ni con tener una moto o un auto de más de 10 años de antigüedad. Pero sí es incompatible con la compra de divisas”, había explicado.

Después de esos dichos, Marijuan decidió abrir la investigación preliminar para determinar si la ministra cometió delito al limitar solo a unos pocos casos la baja de los beneficiarios de Potenciar Trabajo que se habían inscripto o que cobraban el plan de manera irregular.

Para el fiscal, la ministra se apartó de lo indicado por la AFIP y eso podría analizarse bajo la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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