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INVESTIGARÁN AL RESTO DE LA TRIPULACIÓN

Avión venezolano: imputaron al piloto iraní como sospechoso de terrorismo

La fiscal Cecilia Incardona imputó este martes al piloto del avión venezolano demorado en Ezeiza como sospechoso del delito de terrorismo, en medio de la investigación que busca determinar las circunstancias en las que arribaron al país. Días atrás, el FBI confirmó el nexo del piloto con la Guardia Revolucionaria iraní.
Se trata del piloto de la nave de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, quien llegó al país a principios de junio.
«Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo», afirmó la fiscal.
En su dictamen, sostuvo: «Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización».
De acuerdo a un informe del Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI), el piloto Gholamreza Ghasemi no es un homónimo como se dijo en un principio sino el CEO de la empresa Far Air Oeshm, ligada a las fuerzas Quds brazo de la Guardia Revolucionaria Iraní.
Asimismo, está sospechado de haber participado de operaciones logísticas para asistir a Hezbollah, en tráfico de armas y lavado de dinero.
«Fars Air Qeshm fue señalada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista y la asistencia que proporciona a la Fuerza Quds y a la aerolínea iraní Mahan Air, que han sido señaladas como entidades terroristas», se sostiene en ese informe.
Un dato no menor es que el propio informe del FBI entregado a la justicia argentina señala que se trata de un documento «para fines de inteligencia» y no para ser utilizado en procesos legales.
El informe aportado por el FBI constituye un elemento que permite a los investigadores afinar distintas hipótesis, pero no los habilita por sí solo a definir ninguna imputación puntual, según señalaron a Télam fuentes que siguen el caso.
Si bien señalaron que el principal sospechoso es Gholamreza, la pesquisa debería avanzar sobre toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo.
La fiscalía señaló en su dictamen que se impone investigar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a la Argentina fue exclusivamente el de transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y vinculadas con el terrorismo internacional.
«En este sentido, parte de la actividad preventiva que debe motivar el accionar estatal es justamente averiguar las razones de estas irregularidades, con la finalidad de despejar toda duda al respecto», señalaron las fuentes consultadas.
Los tripulantes de aquel vuelo se encuentran en la Argentina con prohibición de salir del país: sus pasaportes se encuentran retenidos por la justicia federal.
La investigación, señalaron las fuentes consultadas, apunta a determinar las irregularidades que circularon en torno a la tripulación que arribó a bordo del avión Boeing 747 de la compañía Emtrasur con matrícula venezolana YV3531, y, a partir de ello dilucidar, si ese vuelo tuvo otros objetivos que no fuera el declarado, de transportar autopartes para la firma Volkswagen.
El avión llegó a la Argentina el 6 de junio a las 15.30, a la Terminal de Cargas TCA del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, y desde su arribo al país quedó envuelto en una serie de controversias: no logró conseguir combustible en este país como para regresar a Caracas y Uruguay le prohibió el acceso a su espacio aéreo cuando intentó hacerlo en Montevideo.
El mismo 6 de junio pasadas las 18, según indicaron a esta agencia fuentes vinculadas a la investigación, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) recibió una comunicación por parte de un delegado de ese organismo en Paraguay hacía referencias a la aeronave que horas antes había aterrizado en Buenos Aires.
La causa comenzó a tomar forma pocos días mas tarde cuando la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se presentó ante el juzgado federal de Lomas de Zamora, reclamó que se investigue a la tripulación del avión por posibles vínculos con el terrorismo internacional y pidió ser tenida por querellante.
«Atento las características del hecho que se investiga y siendo mi representada no solo una entidad que representa a la comunidad judía argentina sino además víctima directa del atentado a las sedes de la AMIA- DAIA, entiendo que se encuentra debidamente legitimada para ser parte en esta acción», decía aquella presentación.

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