Un informe de un equipo interdisciplinario fue determinante para que la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo convenciera al juez Fabio Monti para que, a pesar del testimonio de la víctima que le dijo que ya se habían reconciliado, enviara a la pareja de esta a juicio oral y público por dos hechos graves de violencia familiar ocurridos en abril y junio del año pasado en el barrio San Ramón de Rawson.
El defensor Pablo Sánchez fue insistente con el objetivo de evitar el juicio oral en contra del imputado. Postuló que se aplique la figura de la reconciliación, ofreciendo un pedido de disculpas del hombre a su pareja. Además, que se monitoree su conducta por el plazo de tres meses. Aportó además un dato fuerte: la pareja se había reconciliado y la víctima estaba dispuesta a aceptar las disculpas para que su pareja no vaya a juicio. Aunque con palabras muy escuetas y sin explayarse demasiado, la mujer en la misma audiencia dijo que estaba de acuerdo en esta salida alternativa al juicio.
La funcionaria de fiscalía Cárcamo se opuso inmediatamente. Dijo que no era posible esta figura alternativa porque en ambos hechos investigados había existido “intimidación y violencia”. Agregó que además estaba en riesgo la integridad de los dos hijos de la pareja, de 8 y 5 años de edad, que presenciaron personalmente las amenazas y golpes con lesiones que el hombre le produjo a la mujer.
El defensor Pablo Sánchez argumentó que algunos de los agravantes citado por la representante del Ministerio Público Fiscal no constaba en la descripción de los hechos que se hicieron durante la acusación. Insistió así con la aplicación de la salida alternativa de conflicto.

Hechos con riesgo de repetirse

Fue en ese momento de la audiencia en que la funcionaria de fiscalía Cárcamo leyó los aspectos más salientes de un informe que realizaron profesionales de un equipo técnico multidisciplinario del Juzgado de Familia de Rawson.
El informe destaca que persiste vulnerabilidad en la mujer, que las situaciones de violencia se sucedieron a lo largo de los últimos cinco años, que no alcanza la contención a la mujer que realizan sus padres que viven en las cercanías, que la víctima necesariamente debe tener asistencia psicológica y que los hechos de violencia corren riesgo de repetirse con consecuencias impredecibles, al punto tal que los dos niños han quedado a la guarda de sus abuelos.

Amenazas y golpes

El juez Monti escuchó atentamente este informe y se tomó un breve cuarto intermedio para analizar la situación. Al reanudarse la audiencia citó aspectos contenidos en las leyes provinciales sobre violencia de género y dijo que, si bien el Estado no puede estar por encima de una decisión acordada entre particulares, era necesario seguir con el proceso penal. Así rechazó una solución alternativa del conflicto para este caso y que, no obstante, su decisión, todo quedará supeditado a lo que se conozca en el debate en juicio oral y público. Allí nuevamente la víctima tendrá oportunidad de expresarse a la luz de escuchar a otros testigos de las amenazas y golpes que le propinó el padre de sus hijos.
La imputación es la de amenazas, lesiones agravadas por el vínculo y daños. La representante de la Fiscalía de Rawson adelantó que pedirá dos años y medio de prisión, en caso de que un tribunal unipersonal, halle culpable al imputado.