Roberto Guillermo Bravo será sometido a un juicio civil en el estado de Florida por los delitos de lesa humanidad cometidos hace 50 años en la Patagonia contra 16 presos políticos. El ex teniente está prófugo en Norteamérica desde fines de los 70, donde se hizo rico, y pesa sobre él un proceso de extradición.

Bravo supo cómo escurrirse de la Justicia. La astucia y los contactos que le garantizaron la impunidad le duraron medio siglo. A pesar de los pedidos desde Argentina para extraditarlo, el proceso aún no fue resuelto. Pero algo empezará a cambiar este mes. Desde el 28 de febrero, el último fusilador libre de la Masacre de Trelew será sometido al juicio civil de un jurado por su presunta responsabilidad en los crímenes ante una corte federal para el distrito sur del estado de Florida.

El ex marino, de 80 años, vive en Estados Unidos desde 1973. El primer pedido de extradición de Argentina fue rechazado por la Justicia de aquel país en 2010. Familiares de cuatro de las diecinueve víctimas demandaron a Bravo por su papel en el fusilamiento basados en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA, por sus siglas en inglés) que busca la rendición de cuentas y reparación y este juicio es la concreción de una de las tantas estrategias que desarrollaron las víctimas desde 1972 para obtener verdad y justicia por estos delitos.

Con el primer pedido de extradición de 2010 hecho por la Justicia argentina, Bravo fue detenido en Estados Unidos, pero el proceso de vuelta al país fue rechazado por un juez norteamericano y el ex marino recuperó la libertad. A nivel empresarial quedó tocado y sus empresas perdieron apoyo porque la información sobre su responsabilidad en Trelew fue difundida por los medios de aquel país.

En octubre de 2019 fue otra vez detenido y recuperó la libertad gracias al pago de una fianza de 1.500.000 dólares y una garantía con propiedades familiares que superó los USD 4 millones. Este juicio civil lo encuentra en libertad pero monitoreado. De ser hallado culpable Bravo no irá a prisión pero es probable que deba pagar con un castigo económico.

Se estima que el juicio durará una semana y para los primeros días de marzo el tribunal exprese su veredicto. (Fuente: Infobae)