El titular de Servicio de Orientación Legal de ADEPA, Carlos Laplacette, analizó la situación nacional en materia de medios de comunicación, a raíz de varias situaciones que ocurrieron en las últimas semanas, entre ellas el intento por parte de la proveedora de servicio eléctrico de Comodoro Rivadavia, de evitar que AZM Canal 9 de la Patagonia salga al aire.

“Está prohibido”

Sobre la interrupción del servicio eléctrico a Canal 9 de la Patagonia por parte de la cooperativa de Comodoro Rivadavia, calificó el hecho como “una conducta que atenta contra la libertad de expresión y que está prohibida por la Convención Interamericana de Derechos Humanos” y planteó que “una conducta así forma parte de una serie de conductas que van contra la libertad de expresión; desde ADEPA se trabaja para que esto no se reitere”, en relación al pronunciamiento de la Asociación a través de un comunicado.

Censura

“En Argentina, salvo situaciones excepcionales, los gobiernos no ejercen un intento directo de censura, sino que uno se encuentra con mecanismos indirectos a través de los que se busca direccionar la opinión o no de un periodista, como por ejemplo la pauta publicitaria”, apuntó Laplacette.

Premios y castigos

A ello, sumó que “el tema de la pauta se ve a nivel de gobiernos locales con mayor importancia, y luego hay una multiplicidad de acciones: desde planteos administrativos por antenas que supuestamente son colocadas en lugares erróneos, prohibición de ingreso de periodistas a ciertos lugares en materia de aplicación de normas por la pandemia, intimidación policial”, remarcando que “muchas veces, estas situaciones son amparadas bajo un pretexto loable, generándose un contexto en el cual las autoridades puedan generar sistemas informales de premios y castigos”.

Presiones encubiertas

En otro orden, Laplacette expresó que “mucho más problemáticas son las presiones directas sutiles, ya que son más difíciles de denunciar; por ejemplo, el dar más o menos información a un medio u otro; son cuestiones que afectan la libertad de expresión y de una manera mucho más encubierta”.

“Definiciones vagas”

Sobre el debate que tendrá lugar en el Congreso este martes, “posiblemente se vote la ratificación, por parte de Argentina, de una Convención Interamericana contra la Discriminación y la Intolerancia”, anticipó Laplacette, quien analizó que “es una convención amparada bajo los mejores propósitos en evitar los discursos de odio y que se profundice la discriminación; pero el problema es el mecanismo, que consiste en una serie de definiciones muy vagas acerca de lo que es la discriminación y la intolerancia, y una herramienta muy potente que es el deber asignado a los Estados de prohibir, limitar, impedir y sancionar ese tipo de conductas, incluso con los medios de comunicación y establecimientos educativos”.

Un precedente peligroso

Esto último “está explicado en un lenguaje muy simplista, como si el único derecho humano que existiese en el mundo fuera el de la ‘no discriminación’, y la verdad es que, a nivel particular, los seres humanos vivimos tomando decisiones que implican discriminar, a veces bien y a veces mal; elegimos la educación que le damos a nuestros hijos y son decisiones que hacen a nuestro plan de vida y que muchos pueden considerarlo una discriminación”, señaló Laplacette, advirtiendo que “dar a los gobiernos la posibilidad de decir qué está bien y qué está mal, es muy peligroso”.