Durante la segunda parte de la audiencia de control de detención hacia los ex funcionarios dasnevistas Víctor Cisterna, Juan Martín Bortagaray y Alejandro Pagani, los jueces Gustavo Castro y Fabio Monti finalmente resolvieron, por unanimidad, dictar la prisión domiciliaria.

Los defensores de los tres condenados habían fundamentado el pedido de domiciliaria en la edad de sus representados, el arraigo en la zona y el riesgo de contraer Covid-19 en los establecimientos carcelarios.

Finalmente, y bajo la premisa de que los tres ex funcionarios ya habían recibido beneficios y salidas durante el curso de la causa y podrían haberse fugado pero no lo hicieron, los magistrados resolvieron no hacer lugar al pedido del fiscal Marcos Nápoli, quien había dado cuenta de la influencia «política y económica» como fundamento de los riesgos procesales para que continuaran en prisión.