En junio, José López cumplirá cinco años detenido, desde que la policía lo encontró en el convento de General Rodríguez la madrugada de junio de 2016, buscando esconder bolsos con nueve millones de dólares. Había solicitado acceder a las salidas transitorias en la causa donde se lo condenó por enriquecimiento ilícito, pero el Tribunal Oral Federal 1 rechazó su pedido. Entonces formuló otro pedido: que lo excarcelen por haber cumplido dos tercios de su condena, pese a que la misma no fue confirmada aún.
El fiscal Miguel Ángel Osorio entendió que se le debía conceder la libertad, y este martes, por voto mayoritario, el TOF 1 – con la disidencia de Ricardo Basílico-, concedió el pedido, con una condición: que López deposite una caución de 85 millones de pesos.
En junio de 2019, los integrantes del TOF 1, Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Michilini lo habían encontrado responsable del delito de enriquecimiento ilícito, descreyendo de su planteo que sostenía que el dinero que buscó esconder en un convento en la madrugada de aquel 14 de junio no le pertenecía. Lo condenaron a seis años de prisión.
La sentencia no se encuentra firme: la Cámara de Casación llamó a audiencia para el próximo 14 de abril, y después tendrá veinte días para decidir si confirma o no la condena.
Cuando le negaron las salidas transitorias al ex funcionario K, los jueces dijeron que «López no cumple el requisito temporal para acceder a la libertad solicitada y, aún en la mejor de las hipótesis, tampoco lo alcanzaría aunque asistiera razón a la defensa en su planteo de descuento en concepto de estímulo educativo pretendido».
Pero ahora solicitó una excarcelación en los términos de la libertad condicional -en supuestos de personas condenadas con sentencia no firme-. Después de pedir un conjunto de informes, el fiscal Osorio entendió que «no habría otra solución posible más que dictaminar favorablemente a la petición, pese a lo cual solicitaré que se aplique una fuerte caución real».
El juez Adrián Grünberg sostuvo en su voto que López «fue beneficiado con la aplicación del régimen de estímulo educativo con una reducción de dos meses en el plazo temporal de su tránsito por el régimen penitenciario; por lo tanto, puedo concluir que López alcanzó a la fecha a cumplir en prisión las dos terceras partes de la pena unificada que exige la normativa para acceder a su excarcelación».
Por otra parte, indicó que dado el estado del proceso y habiendo finalizado el juicio oral y público respecto de López, «a la fecha, los riesgos procesales se encuentran neutralizados».
En otro orden de cosas, se planteó en la resolución a la que accedió Clarín, que mientras el ex funcionario K permaneció detenido bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, » ha observado con regularidad los reglamentos carcelarios vigentes sin haber registrado sanciones disciplinarias; como así también que mientras estuvo – y sigue estando- detenido bajo la órbita del Programa de Protección a Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, su conducta fue considerada correcta y colaboradora en todo momento».
Entendiendo que su sentencia condenatoria aún no cuenta con firmeza, el juez José Michilini explicó que la sentencia condenatoria y «su respectiva unificación se encuentran recurridas ante la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, no habiendo adquirido firmeza al día de la fecha», corresponde concederle la excarcelación.
Al fundamentar su voto, el magistrado contabilizó que José López fue detenido el día 14 de junio de 2016 -permaneciendo en esa situación hasta el día de la fecha-, lo que «arroja un total de 4 años y 10 meses. Así, pues, al aplicarse la reducción de dos meses en el plazo temporal de su tránsito por el régimen penitenciario, permite concluir que, al día de la fecha, se encuentra cumplido el requisito temporal previsto», que permite que se le compute los dos tercios de la condena que aún no tiene firmeza, cumplida.
En ese punto, los dos magistrados coincidieron en sostener que, en atención al estado procesal de López, «habiendo recaído sentencia condenatoria no firme, que se encuentra bajo inspección de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, resulta prudente fijarla en la modalidad de caución real de ochenta y cinco millones de pesos ($85.000.000)».
Fue el juez Ricardo Basílico quien votó en disidencia. Consideró que no había argumentos que sustenten lo requerido por el fiscal Osorio al pedir la excarcelación de José López. Por ello se opuso a liberarlo.
Entre los requisitos impuestos, se decidió que a López no se le coloque una tobillera, porque es arrepentido e imputado colaborador en el caso de los Cuadernos de las Coimas , y desde entonces es parte del programa de testigos e imputados protegidos. Serán los responsables de custodiarlo.
El ex funcionario afronta ahora un segundo juicio, el que comparte con la vicepresidenta por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, pero permanece preso en la causa que le significó su primera condena: el caso de los bolsos con 9 millones de dólares.
La imagen de la madrugada del 14 de junio de 2016 mostró a un desesperado José López intentando esconder en un convento de General Rodríguez varios bolsos con casi 9 millones de dólares, 153.000 euros, 59.000 pesos; relojes Rolex, joyas tasadas en 452.000 pesos y armas. Ese mismo día se le dictó la prisión preventiva.
Esos bienes y dinero secuestrados se decomisaron, y tiempo después se destinaron en partes iguales al Hospital de Pediatría Garrahan y el Hospital de Niños Gutiérrez.
También fue decomisada una casa de Dique Luján, valuada en 480.000 dólares: el ex funcionario K sostenía que la alquilaba pero la Justicia sostuvo que buscó esconder la titularidad del inmueble.
En un espacio aún más reducido que aquel con el que contaba dentro del Penal de Ezeiza, López se encuentra monitoreado por el programa de testigos e imputados protegidos. En un alojamiento austero, recibe escasas visitas y transita los días con pocas actividades: tampoco hay espacio para desplazarse demasiado y eso hace que las opciones sean acotadas. No se queja, no pide nada por fuera de los requerimientos volcados en los escritos de su defensor oficial.