La Legislatura de Chubut, en una de las últimas sesiones ordinarias de 2020, aprobó el congelamiento de salarios para los trabajadores del Poder Judicial por el plazo de 180 días. De esta manera, se prohibieron los aumentos reglados por ley y que vinculan las subas salariales en la Justicia Ordinaria con los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No obstante, en las últimas horas se publicó en el Boletín Oficial provincial la norma a través de la cual se le puso un freno a los incrementos en los haberes de los empleados judiciales. Allí se conocieron detalles que van más allá de cuestiones salariales y que, según especialistas, podría poner en peligro el Estado de Derecho.
Puntualmente, el artículo 1° de la Ley I N°699 prevé “suspender por el plazo de 180 días corridos a partir de la promulgación de la presente ley, todas aquellas normas contempladas en Decretos, Circulares, Actas o cualquier otro instrumento dictado para aplicarse en la Provincia del Chubut, o interpretaciones jurisprudenciales que permitan su aplicación extensiva en el territorio provincial, mediante el cual se adhiera a pautas y/o políticas salariales de Organismos, Poderes, Sociedades y cualquier otro Ente cuya jurisdicción o competencia exceda el territorio provincial”.
Esto fue duramente cuestionado por parte de distintos representantes del Poder Judicial de Chubut. Además, el texto detallado de la norma que fue impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada días atrás por los diputados provinciales tensa la relación entre la Justicia y los demás poderes.
Según fuentes consultadas por El Diario, la prohibición sobre las “interpretaciones jurisprudenciales” no es un detalle menor, ya que argumentaron que podría ponerse en riesgo el Estado de Derecho en Chubut.
Ahora bien, en este contexto resulta importante definir que son las “interpretaciones jurisprudenciales”. Las mismas no son más que la jurisprudencia, la cual se compone por el conjunto de sentencias, fallos y resoluciones judiciales que se emiten en un mismo sentido. Si bien no tienen la misma fuerza que la ley como fuentes del derecho ni tampoco son vinculante, salvo excepciones, resultan determinantes en algunas situaciones y muchas veces son contempladas por quienes tengan que emitir nuevos fallos judiciales.