Una historia de captación, ruptura familiar y perjuicio económico en Chubut

Marcela Hernández y Eduardo Champagna atraviesan una dura situación desde hace más de seis años. Denuncian que su hija Marina fue captada cuando tenía 16 años por una organización con fachada comercial que operaba bajo una estructura piramidal en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Aseguran que, a partir de esa relación, sufrieron no solo el alejamiento progresivo de su hija, sino también maniobras que los llevaron a perder su vivienda familiar.

Todo comenzó en 2015, cuando una ciudadana dominicana se instaló en la ciudad y ofrecía supuestos servicios de sanación. “Nos acercamos por curiosidad y nos dijeron que Marina tenía dones especiales. En ese momento solo tenía 16 años”, recordó Marcela, en diálogo con El Diario.

La mujer y sus hijos encabezaban una estructura que, según el testimonio de los padres, funcionaba como una organización coercitiva. A través de distintas actividades —como masajes, venta de productos, y asesoramiento espiritual— lograron generar un vínculo con la familia. El grupo también contaba con el respaldo de una psicóloga radicada en Puerto Madryn, quien más tarde fue denunciada ante el Colegio de Psicólogos.

Una mudanza inducida y una separación forzada

En 2019, Marcela, Eduardo y Marina se mudaron a Puerto Madryn, según relatan, por sugerencia del entorno de esta organización. Sin embargo, pocos meses después, el matrimonio decidió regresar a Comodoro tras notar cambios abruptos en la conducta de su hija. “Se volvió agresiva, cerrada. Ya no podíamos tener diálogo”, lamentó su madre. Desde entonces, no volvieron a convivir.

Marina permaneció en Madryn, donde incluso convivió con la psicóloga señalada durante casi un año. Hoy, ya mayor de edad, se encuentra fuera del contacto familiar. “La vimos en contadas ocasiones. Siempre la notamos triste, con miedo. No sabemos qué es de su vida hoy”, expresó Marcela.

Una deuda millonaria y la pérdida del hogar

Además del quiebre familiar, los padres denuncian haber sido víctimas de una maniobra financiera que derivó en la firma de un pagaré en blanco. Ese documento fue luego judicializado, convirtiéndose en una deuda de 85 mil dólares. Como resultado, su departamento en Comodoro fue rematado por orden judicial y ahora alquilan.

La causa civil fue impulsada desde Puerto Madryn, por el juez de Ejecución Luis Horacio Mures, a partir de una presentación realizada por personas vinculadas a la organización denunciada. En paralelo, la causa penal iniciada en 2019 fue archivada recientemente por el Juzgado Federal N°2 de Rawson, a cargo del juez Gustavo Lleral, sin una resolución de fondo.

“Es como si nadie hubiera querido mirar el contexto completo. Nos arrebataron a nuestra hija y ahora también a nuestra casa”, afirmó Marcela.

Los padres continúan pidiendo que se revise el accionar judicial. Sostienen que no se tuvo en cuenta el vínculo entre los distintos expedientes —penales, civiles y de familia— y que la historia fue fragmentada en causas que nunca se conectaron entre sí.

“Nuestra hija fue manipulada cuando era menor. Nosotros fuimos empujados a decisiones que hoy tienen consecuencias devastadoras. Solo pedimos que alguien mire todo el cuadro, no solo una parte”, concluyó Marcela.