“Ñoquis Calientes”: testigos clave aportaron detalles sobre irregularidades en el Ministerio de Familia

El próximo lunes continuará el juicio oral y público contra siete imputados en la causa penal conocida como “Ñoquis Calientes”. En esta nueva etapa, se prevé la declaración de una decena de testigos propuestos por los defensores Romano Cominetti y Florencia Barbas, quienes buscan fortalecer su teoría del caso.

Mientras tanto, este viernes, las audiencias estuvieron centradas en los testimonios presentados por el equipo fiscal, integrado por Omar Rodríguez, Analía Acuña y Diego Moya, de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Administración Pública.

Entre los testigos destacados, se incluyó a Cristian Cayún, perito caligráfico, quien brindó detalles técnicos sobre la falsificación de la firma del imputado Branco Rodera Neira en documentación relacionada con su designación en el Ministerio de Familia.

Carlos Romero, otro testigo clave, aportó información sobre las tareas administrativas realizadas en el Ministerio de Familia, incluyendo los legajos personales y laborales de los imputados, así como decretos de designación sin especificaciones de funciones concretas. Según Romero, estas designaciones fueron realizadas a pedido de la entonces ministra Cecilia Torres Otarola. También señaló que varios imputados tenían domicilios en la Capital Federal, pese a figurar como empleados del ministerio en Chubut.

Una testigo vinculada al organigrama del Ministerio de Familia aportó datos sobre los movimientos laborales y reasignaciones realizadas bajo la gestión de Torres Otarola. Indicó, por ejemplo, que algunos imputados, como Mara Rodera, residían en la Capital Federal, y mencionó no haber conocido personalmente a varios de ellos.

Por su parte, Irene Gigena, jubilada estatal y exintegrante de los equipos técnicos de la Dirección de Economía Social del Ministerio de Familia, declaró que nunca vio ni conoció a los imputados, salvo a Jackeline Rodera. Gigena también recordó el trabajo intenso que debió realizar durante la pandemia de COVID-19 y mencionó conflictos internos entre funcionarios en esa época.

La causa “Ñoquis Calientes” avanza con testimonios que buscan esclarecer las presuntas irregularidades en las designaciones y el funcionamiento del Ministerio de Familia bajo la gestión de Torres Otarola.

El Tribunal está presidido por la jueza Marcela Pérez Bogado, acompañada por los vocales José Ennis y Carlos Richieri.

A Torres Otarola, se le imputa el delito de fraude a la administración pública en calidad de autora por ocho hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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