La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) repudió los hechos acaecidos este jueves en Puerto Madryn, donde afiliados y dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) marcharon hasta la sede del Grupo San Isidro e irrumpieron en las oficinas donde se encontraban trabajando un grupo de profesionales.

Los administrativos sufrieron amenazas, extorsiones, hostigamiento verbal, violencia física y hasta el robo de efectos personales por parte de los manifestantes, mostrando así como el STIA suma un nuevo capítulo en la escalada de violencia y volviendo a prácticas que se pensaban erradicadas.

“Nuestra solidaridad a los profesionales, escribanos y abogados, que tuvieron que salir escoltados por la policía de distintas empresas pesqueras, por las agresiones verbales, insultos y amenazas que el personal del STIA, en las puertas de las empresas, quería impedir que cumplieran con sus tareas profesiones para poder certificar el incumplimiento de la conciliación obligatoria o los daños ocasionados con el deterioro de la materia prima”, lamentaron desde la conducción de la CAPIP.

Ante lo ocurrido, la Cámara Pesquera lamentó que un grupo de violentos impidieran a los trabajadores continuar con sus tareas y amedrentarlos por querer cumplir con las mismas.

Por ello, denunciaron los excesos y la violencia ejercida por la entidad gremial desde mediados del año 2023, y que se viera incrementado desde el inicio del 2024, y que llegó al máximo con el secretario general del STIA instruyendo a su gente a que deje podrir el pescado en las mesas para ver qué hacen las empresas.

“La hipocresía de la entidad gremial de negar medidas de acción directa, las amenazas a profesionales que deben salir escoltados por patrulleros, y por último lo que pasó en las oficinas administrativas del Grupo San Isidro, muestran a las claras que en este contexto se hace imposible volver a trabajar”, declararon.

“Esperamos que la justicia y las nuevas autoridades provinciales, municipales y nacionales avancen con el mayor rigor de las sanciones previstas para esos casos. Hasta que esto no ocurra, es imposible asegurar la continuidad laboral con paz social”.