El gobierno nacional ha tomado la decisión de suspender las horas extras en todos los organismos del Estado como parte de un plan de reorganización y ahorro de gastos. Esta medida implicará que los empleados deberán obtener una autorización previa para poder realizar horas extras y deberán especificar en detalle el motivo de la solicitud.

Armando Daniel Guibert, a cargo de la secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública, firmó la resolución que establece esta suspensión y la envió a los máximos responsables de los ministerios y secretarías. Según la resolución, esta medida se implementa en cumplimiento del Decreto N° 8/2023, que busca racionalizar los recursos del Estado y gestionar de manera más eficiente la distribución de las actividades del personal.

Los empleados afectados afirman que esta suspensión de horas extras implicará una disminución considerable en sus salarios, especialmente aquellos que reciben salarios mínimos de convenio muy bajos.

Sin embargo, la resolución contempla la posibilidad de solicitar excepciones en casos de necesidades operativas impostergables que afecten el servicio público. Estas solicitudes deberán ser fundamentadas por la autoridad correspondiente, y la máxima autoridad administrativa deberá aprobar o denegar las asignaciones de horas extras solicitadas.

La medida forma parte de un plan más amplio de reducción de gastos en el Estado, que incluye la reducción de ministerios y secretarías. La auditoría interna reveló que gran parte de los salarios incluían componentes de horas extras, por lo que se decidió reordenar su uso. El objetivo final es optimizar los recursos y disminuir el tamaño del Estado considerado «sobredimensionado».

La situación preocupa a gremios como la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que busca establecer canales de diálogo para mitigar los impactos de esta medida de recorte salarial.

Además, el gobierno también ha tomado decisiones anteriores para reducir los gastos en el sector público, como la no renovación de contratos desde el 1 de enero y la restricción en erogaciones en empresas como Aerolíneas Argentinas o en ministerios como Seguridad y Economía. Todo esto forma parte de un programa de «racionalización» que busca ajustar y optimizar los recursos disponibles.