Con la presencia de Sergio Massa en el recinto, Diputados dio media sanción al proyecto que modifica el Impuesto a las Ganancias. El resultado de la votación fue: 135 afirmativos, 103 negativos.

Junto al oficialismo, votaron los tres libertarios -con Javier Milei a la cabeza-; los cuatro diputados del Frente de Izquierda; un sector del interbloque Federal y bloques provinciales.

Tal como se había anticipado, la bancada de Juntos por el Cambio se opuso y advirtió por el déficit fiscal y la inflación que consideran que ésta y otras medidas económicas anunciadas por el Gobierno generarán.

La iniciativa establece que se elimina la cuarta categoría del gravamen y se crea en reemplazo un impuesto cedular que fija que sólo pagarán el tributo los altos ingresos superiores a 15 sueldos mínimos mensuales, que en la actualidad representan más de $ 1.770.000.

De esta manera, se prevé que el tributo alcanzará a 90 mil contribuyentes (actualmente lo pagan 700 mil), que representan un 0,88% de los trabajadores registrados en Argentina. Entre quienes seguirán pagando se encuentran CEO’s, puestos calificados, cargos políticos y jubilaciones de privilegio. (sapns2.com)

Además de mantener el beneficio de deducción del 22% para zona desfavorable, la iniciativa crea el denominado “impuesto cedular” para los mayores ingresos, que entrará en vigencia a partir de enero de 2024, y tendrá una escala progresiva con alícuotas que oscilan entre el 27% y 35%.

Durante el debate en la sesión de este martes, la CGT y la CTA se movilizaron en las afueras del Congreso, mientras que dentro del recinto se hicieron presentes los dirigentes Héctor Daer, Carlos Acuña, Pablo Moyano, Roberto Baradel, Sonia Alesso y Omar Plaini, entre otros.

El acompañamiento de diputados representantes de bloques federales estuvo marcado por el pedido de compensación a las provincias, dado que Ganancias es un tributo coparticipable y el Ministerio de Economía afirmó que el costo fiscal será de un billón de pesos. Reclamaron que prontamente se trate una iniciativa para que el 30% de lo recaudado por el impuesto al cheque se distribuya entre las jurisdicciones.