Crece el clima de tensión en torno al accionar de la jueza de Familia Delma Irina Viani. Abogados afirman que la magistrada tomaría medidas arbitrarias, y advierten que las denuncias son anónimas por temor a represalias.

Ante las acusaciones remitidas a la redacción de El Diario, se pudo corroborar que efectivamente en 2020, Viani estuvo bajo observación del Superior Tribunal de Justicia (STJ), producto de un reclamo que aludía a un ambiente de trabajo conflictivo en el Juzgado de Familia 2. En una resolución reglamentaria, la Corte admitió “un persistente deterioro de las relaciones y las comunicaciones” y “el agotamiento personal” de quienes se desempeñan en el organismo a cargo de Viani. En un intento de mitigar la tensión y restaurar un entorno laboral saludable, el máximo tribunal desplegó una serie de medidas para abordar el núcleo del problema.

Una de estas acciones fue la designación de una coordinadora ejecutiva, para trabajar como un puente entre el STJ y el personal del juzgado, proponer mejoras en la dinámica laboral, y velar por la ejecución de un servicio de justicia eficaz. Aunque esta intervención supuso un intento de dar un giro a la situación, dejó al desnudo lo que hasta entonces era un secreto a voces.

Fuentes consultadas por El Diario, confirmaron que el proceso impuesto por el STJ llevó más de seis meses, constituyendo un procedimiento completamente inusual que pone en evidencia la gravedad de la situación interna que atravesaba el Juzgado.

Pero no sería este el único problema. En voz baja, varios abogados se quejan sobre el trato hostil que reciben. Argumentan que Viani les formula denuncias disciplinarias y penales sin fundamento, con la intención de silenciarlos o desacreditarlos cuando cuestionan sus prácticas. Las acusaciones se mantienen en el anonimato debido a que los letrados temen represalias. Fuentes confiables, aseguran que “la beligerancia de la jueza” les impide ejercer su labor adecuadamente y provoca la erosión de la confianza en el sistema judicial.

De acuerdo a los datos recabados, las quejas en su momento llegaron al Colegio de Abogados y según trascendió, Viani se habría comprometido en cambiar su actitud. Sin embargo, las críticas no solo persisten, sino que parecen haber cobrado más fuerza.

También se pudo corroborar que hubo un significativo número de denuncias contra la Jueza ante el Consejo de la Magistratura, aunque estas no prosperaron. Claro está que el maltrato o presunta arbitrariedad de un juez sería muy difícil de probar, dado que quienes denuncian están a merced de la discrecionalidad del magistrado.

Ante la primera publicación sobre las presuntas irregularidades en el Juzgado 2 de Familia, El Diario tomó contacto con la magistrada que prefirió no hacer declaraciones sobre el particular.

Según se pudo saber, en el seno del Consejo de la Magistratura tratan con especial recelo las denuncias contra jueces de Familia entendiendo que están sujetos a situaciones delicadas y quienes litigan en esos juzgados, sometidos a profundo estrés.

Sin embargo, no es menos cierto que los expedientes que maneja un juez de familia están cargados de emociones y tensión, y necesitan ser resueltos con la máxima profesionalidad y eficiencia.

El interrogante que surge en torno al proceder de Viani, es si cuenta con el equilibrio para brindar un servicio de justicia adecuado a las familias que recurren a su juzgado.