El Frente de Todos (FdT) consiguió este jueves aprobar en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El Frente de Todos sumó 16 votos; en tanto que Juntos por el cambio y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad.

La sesión en la comisión 

Los representantes del bloque del Frente de Todos (FdT) en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados propusieron en el comienzo del encuentro una resolución por la cual solicitaban admitir proceso a los cuatro miembros de la Corte Suprema por los 14 expedientes que se tramitan.

En el escrito de 12 páginas leído por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, se enumeraron los 14 expedientes que «solicitan el juicio político respecto de los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ministros Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, ya sea en forma individual o concurrente por las causales de mal desempeño y/o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones».

«Los catorce pedidos promovidos acumulan más de sesenta hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales», apuntaba el texto.

El escrito indica también que «el tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático».

Esta propuesta de resolución administrativa elaborada por el FdT fue puesta a consideración de la comisión sobre el final de la reunión, y finalmente resultó aprobada por el oficialismo, que impuso su mayoría.

Juntos por el Cambio se opuso

El interbloque Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara de Diputados presentó una propuesta de inadmisibilidad sobre el proceso de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia que se tramitaba en la comisión homónima.

Sin embargo, los dos integrantes de la Coalición Cívica, Juan López y Paula Oliveto, presentaron una segunda propuesta en la cual se expresaron sobre la necesidad de avanzar con el juicio político a Ricardo Lorenzetti en función del artículo 53 de la Constitución Nacional y en base a un pedido de enjuiciamiento realizado en 2016 por esa bancada.

Entre los fundamentos de su iniciativa, JxC señaló que «el mal desempeño o la mala conducta no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez».

«Ahora bien, cuando se trata del juicio político a algún miembro de la Corte Suprema, se ha establecido que el contenido de las sentencias queda excluido de la ponderación política, y ello encuentra su razón de ser en la garantía de independencia del Poder Judicial», agregó.

Para la principal bancada opositora de Diputados, «habilitar el análisis político de los pronunciamientos emitidos por los jueces introduce la incertidumbre institucional acerca de juicios de conveniencia o inconveniencia política y circunstancial, además de su uso discrecional e intimidatorio».

Al sostener la propuesta de rechazo, el presidente del bloque radical, Mario Negri, aseveró: «La Corte no puede ser juzgada por el contendido de sus sentencias».

La propuesta de JxC, al igual que la del FdT, que pidió la admisibilidad de los pedidos de juicio político, fueron puestas a consideración del plenario de la comisión al final las fundamentaciones de los diputados, aunque finalmente se impuso la propuesta del oficialismo.

Al intervenir en el debate, el presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Mario Negri, insistió en que «la Corte Suprema no puede ser juzgada por el contenido de sus sentencias», en el marco de su argumentación por el rechazo a la admisibilidad del proceso de juicio político a los cuatro integrantes del máximo tribunal.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, cuestionó la decisión del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) de rechazar ‘in limine’ el proceso de juico político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.

«Cuales son los argumentos de Juntos por el Cambio por los que se busca rechazar; porque se dice ‘in limine’ cuando las denuncias no tienen ningún fundamento. Pero no dice nada en el informe que proponen», remarcó el santafesino durante su exposición en la comisión de juicio político.

Agregó que «en esa posición están minimizando el trabajo de los 16 integrantes de nuestro bloque, y simplificarlo en decir que los juzgamos por el contenido de sus sentencias».

También salió al cruce de Negri, quien cuestionó a los diputados oficialistas por presentar el proyecto de juicio político a la Corte que habían anunciado el Presidente de la Nación y varios gobernadores. «No somos ventrílocuos del Presidente ni de los gobernadores, eso es una falta de respeto de Negri», expresó.

En ese sentido, agregó: «Ellos tomaron una iniciativa política que varios de nosotros le dimos canalización parlamentaria; por una cuestión básica, somos el bloque oficialista de la Cámara».

El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau señaló este jueves, al fundamentar la admisibilidad del juicio político a los miembros de la Corte Suprema, que el máximo tribunal «asume facultades que no le son propias» y que «ese es el verdadero golpe de Estado».

En el marco de la reunión de la comisión de Juicio Político que se desarrolla en la Cámara de Diputados, el legislador oficialista salió así al cruce de las argumentaciones del integrante de Juntos por el Cambio-Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien había señalado que el proceso en curso contra los cuatro miembros de la Corte «debilita la democracia».

«¿Cómo la aplicación de un artículo de la Constitución (el 53 sobre mal desempeño de las funciones de miembros de la Corte) va a debilitar la democracia? Si creen que debilita democracia propongan una reforma constitucional para suprimirlo», dijo el diputado.

A continuación agregó: «Creo que el ejercicio de una facultad constitucional fortalece la democracia; sobre todo si esa democracia es amenazada por un poder del Estado que pretende ponerse por encima de los otros poderes y se subroga a los otros poderes».

«Asume responsabilidades que no le son propias y ese es el verdadero golpe de Estado. La democracia en la Argentina está suspendida, condicionada por la decisión de una Corte que ha resulto ponerse por encima de las facultades la propia Constitución le da al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo», agregó.

Moreau enfatizó también, dirigiéndose a la oposición: «No digan que ahora están preocupados por la democracia; porque cuando dicen que atentamos contra la democracia, les recuerdo que no repudiaron el golpe de Estado en Bolivia».

En otro pasaje de su discursó, espetó: «Se ha dicho que no se puede avanzar sobre contenido de las sentencias, pero a ese argumento lo contradicen la historia y la actualidad».

«En el precedente del mal desempeño en el juicio a miembros de la Corte en 2003, la diputada Carrió firmó un dictamen en el que dice que para avanzar se deben analizar sus sentencias, sus fundamentos y las consecuencias de los mismos, y yo no me opongo a esto, respaldo este concepto», recordó.

El diputado del FdT, añadió: «Los jueces producen sentencias y los juzgamos por los resultados. La Corte no tiene instancia de revisión salvo la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, sobre todo cuando las sentencias se usan como instrumento espurio».

«Con sentencias negociadas por el presidente de la Corte, a través de su mano derecha con funcionarios del Gobierno de la Ciudad, de un señor de apellido Robles», continuó.

Y concluyó: «Robles es el que actuaba como intermediario en este caso y en muchísimos más, para negociar sentencias. Se puede avanzar -en el enjuiciamiento- sobre sentencias, y sobre todo en sentencias negociadas por voceros que actúan en el despacho de al lado del presidente de la Corte».

De los 14 expedientes que se tramitan, el que el oficialismo toma como anclaje es el presentado por el diputado Eduardo Valdés y otros pares e impulsado previamente por el presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.

Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.

También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del «2×1» para que Luis Muiño, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.

Otra de los causales son una serie de «irregularidades, incumplimientos y desmanejos» en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.

(Fuente: Télam)