La Corte Suprema de Justicia puso en vigencia el nuevo Consejo de la Magistratura de 20 miembros, con el presidente del máximo tribunal Horacio Rosatti a la cabeza. También ordenó tomarles juramento a los nuevos consejeros electos y notificar a la Cámara de Senadores y de Diputados, que hasta ahora no mandaron a sus representantes por las segundas minorías. Así lo dejó en claro la Corte Suprema, en un fallo firmado por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no suscribió la resolución porque participa en la ciudad de México de una conferencia internacional y cumple actividades oficiales autorizadas por el propio alto tribunal.
El domingo, Cristina Kirchner rompió el silencio sobre el tema y criticó directamente al máximo tribunal hablando de “casta judicial”, mientras voces oficialistas hablaban de golpe institucional y amenazaban con pedidos de juicio político. La Corte respondió con un fallo: reafirmó la decisión sobre el Consejo tomada en diciembre que, según resaltó, “es cosa juzgada” y decidió no demorar el funcionamiento del organismo que selecciona y controla la labor de los jueces pese a que el Congreso no haya nombrado a sus representantes. “Resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos –cualquiera fuera el motivo– pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional”, sostuvo el máximo tribunal en una clara alusión al camino que decidió tomar el oficialismo en el Congreso.

El origen de la polémica

La decisión no contó con la firma de Ricardo Lorenzetti porque el 30 de marzo solicitó y recibió la autorización de sus otros colegas del tribunal para participar -del 18 al 22 de abril- de la conferencia “Culture and Law”, que organiza la International Academy of Comparative Law y la Mexican Center of Uniform Law y para intervenir en el conversatorio “Retos y tendencias del nuevo constitucionalismo Medio Ambiental y Climático”. Esa solicitud fue enviada y aprobada el mes pasado, mucho antes de que los acontecimientos en torno al Consejo de la Magistratura tomaran el rumbo que tomaron, con la resistencia del kirchnerismo de aceptar el fallo de la Corte y el fallo polémico de un juez en Paraná.
Para entender el origen de la polémica, hay que retrotraerse a 1994, cuando la Constitución Nacional ordenó la creación del Consejo para seleccionar y controlar a los jueces. En un principio, el órgano tenía 20 miembros encabezados por el presidente de la Corte. Pero en 2006 la entonces legisladora Cristina Kirchner promovió una reforma para que el Consejo de la Magistratura tuviera trece integrantes. En ese momento, el Colegio de Abogados promovió la inconstitucionalidad de la ley, algo que finalmente fue dictado en 2015 por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y confirmado por la Corte en en diciembre del año pasado.

Inconstitucional

El máximo tribunal afirmó que la conformación de 13 miembro era inconstitucional porque no respetaba los equilibrios internos y le daba más preponderancia a los consejeros políticos en detrimento de los otros sectores. Entonces, instó al Congreso a dictar una nueva ley antes del 16 de abril (120 días). En caso de no hacerlo, el Consejo debía volver a su conformación original de 20 miembros.
Como el oficialismo no consiguió aún las mayorías para convertir un nuevo proyecto del Consejo de la Magistratura en ley, en las últimas semanas los distintos sectores que pueden designar representantes comenzaron a prepararse para la nueva etapa que comienza hoy. La semana pasada se eligieron, por ejemplo, a dos abogadas y a una jueza que asumirán en las próximas horas. Este lunes harán lo propio las universidades.

El Congreso demora designaciones

Para llegar a completar los 20 miembros, aún falta que el Congreso avance en la designación de un diputado y un senador por las segundas minorías. El radicalismo reclama para sí esos cargos. Sin embargo, la Corte dispuso en el fallo conocido este lunes que sesionará inmediatamente con los miembros que estén en condiciones de jurar.
La semana pasada, el juez federal de Paraná Daniel Alonso -aspirante a camarista de Rosario- hizo lugar a una precautelar solicitada por el diputado del Frente de Todos Casaretto, en donde solicitó que se frene en el Congreso el nombramiento de representantes legislativos porque lo que se quiere es tiempo para que el Congreso dicte una ley (el proyecto oficial ya tiene media sanción en el Senado).
En ese contexto, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires le pidió a la Corte Suprema de Justicia que se “avoque” y anule la decisión dictada por la justicia federal de Paraná. Esta mañana la Corte pidió dos expedientes, incluidos el de Paraná y cerca de las 13 dictó el fallo que oficializó la puesta en funciones del nuevo organismo.

Cosa juzgada

“Cabe recordar que en el remedio ordenado en la sentencia esta Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial de la Nación, tuvo en miras su deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar el caos institucional o la eventual paralización del Consejo de la Magistratura y, en ese sentido, debe propender a la integración y funcionamiento del cuerpo de conformidad con la Constitución Nacional en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica”, advirtió
“En tales condiciones, vencido el plazo fijado sin que el Congreso de la Nación haya sancionado una nueva ley, corresponde que el órgano continúe funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por esta Corte en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”, añadieron los jueces.
En el fallo se repasó como se llegó a este escenario y las resoluciones que dictaron desde el Consejo de la Magistratura para podar dar cumplimiento a la sentencia, con la elección de consejeras abogadas y jueces y la de académicos.