La CAPIP salió al cruce del STIA por la huelga llevada a cabo esta semana indicando que se dejó materia prima perecedera sin procesar, durante largas horas, provocando que se obtuviera productos de inferior calidad y precio. Cuestionaron que la medida no obedecía a ningún reclamo vinculado a las plantas de Puerto Madryn, pero que a la postre fueron severamente perjudicadas.
“La Cámara lamenta y rechaza enérgicamente que una vez más, el STIA haya declarado y llevado adelante un paro total de actividades con cortes de rutas, interrumpiendo el normal ingreso de mercadería perecedera a las plantas por conflicto que ellos mismos declaran ajenos a nuestras asociadas”, manifestaron.
“Está medida provoco que más de 260 toneladas de langostino, no se procesaran en tiempo ideal y en consecuencia se obtuviera un producto de inferior calidad, baja o nula rentabilidad, perjudicando a las empresas que integran nuestra Cámara. El gremio comunica y lo expresa públicamente que la medida es en contra del Acta Acuerdo que firmaron la Secretaría de Pesca Provincial, la Administración del puerto de Comodoro, el SUPA y la CAFACH, para abastecer de merluza a las plantas de Comodoro y eventualmente a plantas del valle para destrabar el conflicto con los estibadores. El acuerdo aseguraba que por un tiempo determinado parte de la flota descargaría merluza en Comodoro, destrabando el conflicto con los estibadores y aseguraba -a las plantas locales- la posibilidad de trabajar con merluza fuera de la temporada de langostino. Lo curioso, es que ninguna de las Empresas de CAPIP participó de acuerdo cuestionado por el STIA, y que da origen a la medida de fuerza descrita”, detallan al hacer público su rechazo al planteo sindical.
Asimismo, recordaron que “hace años que cada medida de fuerza viene acompañada de gomas que queman los portones de acceso a las plantas, cortes de ruta, amenazas al personal administrativo, toma de plantas, escraches, actos violentos, inclusive el deterioro de la materia prima, como sucedió en este caso. Todo esto se ve amplificado cuando el cese de actividades no guarda ninguna relación con las Empresas que lo sufren, y por ende las que se ven perjudicadas. Estas acciones atentan a contra planes de inversión y naturalmente con aumento de puestos de trabajo”.
Por todo lo expuesto, la CAPIP “solicita a las autoridades Provinciales y a las autoridades gremiales arbitrar los medios necesarios para defender la actividad, actuar con responsabilidad, cumplir y hacer cumplir el marco legal vigente, el que garantiza el derecho a huelga, pero también garantizar el derecho a trabajar y no generar situaciones de evidente inequidad e injusto perjuicio a la actividad”, agregaron.