LOS FISCALES PIDIERON AMPLIAR LOS PLAZOS PROCESALES PARA QUE NO PRESCRIBA EL 27 DE JUNIO

Corrupción: advierten que la causa de “emergencia climática” podría quedar impune

A punto de prescribir y generar una situación que podría beneficiar a los imputados, los fiscales generales Omar Rodriguez y Alex Williams pidieron a los jueces de la causa por la “emergencia climática” la ampliación de los plazos procesales y que la causa sea considerada compleja.
Fue el fiscal general Omar Rodriguez quien inició la argumentación sobre la necesidad de ampliar los plazos del proceso. La apertura de investigación fue el 27 de junio de 2018 por lo que el 27 de este mes vencía el plazo procesal de tres años. La postura de los investigadores y lo pedido al Tribunal, es que se extienda a cinco años y para ello se debe caracterizar a la causa como “compleja”. De no ser así los imputados podrían ser sobreseídos y por lo tanto, el caso impune.
Rodriguez se refirió a la “complejidad de la causa” con numerosos imputados, características especiales de la investigación, naturaleza de los delitos y la “situación política reinante en el lugar”, relacionándolo con la excepcionalidad y las consecuencias que trajo la pandemia por COVID 19. Hizo mención a lo ocurrido meses atrás cuando en oportunidad de iniciarse el debate, el mismo se debió demorar debido a las restricciones que imponían los decretos nacionales referidos a los cuidados a tener en cuenta para evitar contagios.
El fiscal Alex Williams se encargó de destacar aspectos del Código Procesal Penal del Chubut que prevé la posibilidad de considerar a un caso como “complejo” una vez iniciado el proceso. Y se refirió a casos concretos de investigación de hechos de corrupción en donde se ampliaron los plazos del proceso. “Son casos excepcionales y la ley lo permite”, indicó.
Los querellantes Mario Romeo (Oficina Anticorrupción) y Rodrigo Miquelarena (Fiscalía de Estado) acompañaron la postura de los fiscales.
Esta causa refiere a sobreprecios en la venta de elementos que adquirió la provincia y que fueron destinados a paliar las graves consecuencias de la emergencia por la que atravesó la ciudad de Comodoro Rivadavia, entre fines de marzo y principios de abril del año 2017. Así fue confirmado por la Oficina Judicial de Rawson.
En total son doce los imputados por los presuntos sobreprecios en la compra de elementos como víveres y agua mineral. Dos de los imputados en este proceso ya fueron condenados en otras causas. Se trata de Diego Correa y Diego Luters. También se hallan imputados la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; los ex funcionarios de esa cartera, Marcelo Suárez y Cristian Orsi, además de Vanina Barale. También están imputados quienes aparecían como proveedores del Estado, Estanislao Finiguerra, Marta Fracasso, Taurelli Chiribao Bruno Paolo, Williams Guillermo Adrián, Cecilia Sabada y César Hughes.

Las defensas se opusieron

Los defensores de los imputados en la causa por la emergencia climática, se opusieron al pedido de los investigadores para que la causa no prescriba prorrogando el tiempo del proceso de tres a cinco años.
Tras escuchar las posturas de acusadores y defensores, el tribunal de juicio integrado por Fabio Monti, Miguel Caviglia y Jorge Novarino resolverán sobre el pedido de los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez, el próximo día viernes a las 13.30 horas. No será en una audiencia, sino mediante una notificación electrónica.
El defensor oficial Omar López asiste a la imputada Vanina Barale y Marcelo Suárez. Manifestó sentirse “sorprendido” por lo planteado por los fiscales ya que lo que pidieron “no era el sentido original de esta audiencia”. Agregó que “los fiscales tuvieron tres años para decidir si la causa era compleja, y no lo hicieron. No es verdad el argumento de la pandemia que además no está prevista en el Código Procesal. “Pudo haber negligencia o inacción en los fiscales”. Además otras causas como Embrujo o Revelación fueron a juicio durante la pandemia ¿por qué esta no?”, se preguntó.

“Derechos de los imputados”

Luego el abogado Javier Romero (defiende a Leticia Huichaqueo) manifestó su coincidencia con lo manifestado por López. Agregó que “el pedido de los fiscales es improcedente y que el salvavidas para ampliar los plazos del proceso, afecta los derechos de los imputados”.
A su turno Fabian Gabalachis (asiste a Estanislao Finiguerra) manifestó que el planteo de los fiscales “también me sorprendió” y que “el cambio del planteo original, fue adrede”. Dijo tener coincidencia con lo manifestado por López y Romero. La misma coincidencia con sus antecesores, fue la realizada por Damián D’Antonio que asiste a Cecilia Sadaba. Dijo que el cambio al planteo original que justificó la realización de la audiencia “también fue una sorpresa para mí y afecta al debido proceso”. Se preguntó también por qué los fiscales no hicieron antes esta petición.

Rechazan planteo por extemporáneo

A su turno Abdo Manyauik dijo que el pedido de los fiscales es “extemporáneo”. Defiende a los imputados Guillermo Williams y César Hugues. Luego el abogado Romano Cominetti (defiende a Cristian Orsi) dijo que los las características de caso complejo –tipo de delito, cantidad de imputados, complejidad de prueba, entre otras- siempre estuvieron desde el inicio del proceso “por eso no entiendo el pedido de los fiscales y en tal caso lo debieron haber solicitado desde el inicio”. Destacó que “lo de la pandemia” no es un argumento válido si se tiene en cuenta que otras causas (Embrujo y Revelación) se realizaron en medio de la pandemia con las mismas complejidades que ésta causa”.
Lisandro Benitez, que asiste a Diego Luters, coincidió con el resto de los defensores que lo precedieron e insistió en manifestarse “sorprendido” por el cambio en el sentido original de la audiencia.
La investigación está relacionada con sobreprecios en la venta de elementos que adquirió la provincia y que fueron destinados a paliar las graves consecuencias de la emergencia por la que atravesó la ciudad de Comodoro Rivadavia, entre fines de marzo y principios de abril del año 2017. En total son doce los imputados, entre funcionarios provinciales y comerciantes, por los presuntos sobreprecios en la compra de elementos como frazadas, colchones, víveres y agua mineral.

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