Por Trivia Demir

La primera semana de noviembre culmina en Chubut con otro conflicto de derivaciones nacionales resonantes, de la mano de los descuentos que el gobierno promovió debido al paro docente y otro enfrentamiento con heridos y un sindicalista detenido. Más allá del escándalo, con ese empujón de dinero de menos se logró depositar este fin de semana el primer tramo salarial a los empleados públicos. Aunque en la práctica, aquellos ´escalonados´ que cobrarán hasta 40 mil pesos y que son docentes (aunque son pocos con ese rango) percibirán un 60% menos de sus sueldos, además de perder el presentismo. Todo esto que pareció un ´escarmiento´ que no tendría vuelta atrás tras los dichos del pasado lunes del exministro Coordinador, a una semana terminó en reversa y hasta con el desplazamiento del funcionario. Por un lado la nueva explosión social evidenció que la rigidez política no trae más que ruptura del consenso que había logrado el gobernador apenas hace cuatro meses y que le alcanzó para reelegir. Por otro, la justicia ya anticipó que no corresponde el descuento, por lo que Arcioni aunque retrucó que apelará el fallo, ya ensayó una especie de excusa argumentando que se trató de un ´error´ de planillas y cálculos. En el ´mientras tanto´ le renunció el cuarto ministro de Educación (segundo con el triste récord de no haber tenido clase), y la próxima semana se definiría quien asumirá en Coordinación por los escasos 20 días que quedan de gestión. El momento no es para nada cómodo ni tentador para conseguir candidatos, considerando que hay poco para ofrecer y conciliar con los docentes merced al desgaste que se ha dado este medio año sin clases, y mucho menos a sabiendas que no estaría garantizado el dinero de sueldos de los siguientes tramos de este mes, tal lo trascendido esta semana.
Con esto hay quienes rescatan ´el lado bueno´ de las crisis, ya que paradójicamente Arcioni iría consiguiendo su principal meta, que habría sido achicar y tecnificar el Estado, o por lo menos la planta política, ya que hoy por hoy no habría prácticamente postulantes al Gabinete y de ahí que deba ir ascendiendo a personal de planta.

El estado ´sobrevendido´

El problema que enfrenta Arcioni sobre qué hacer con una estructura estatal elefantiásica, es un tema que domina la realidad de todo el país, y sobre todo de los demás estados subsoberanos. Aunque hay quienes han sabido ´gestionar´ estos excesos y convertirlos en una fortaleza política para garantizarse la perpetuidad, tales como algunas provincias cuyanas o norteñas.
Es así que la semana también cierra en ese sentido con un informe de Cippec que concluyó que la Argentina tiene una de las estructuras estatales más grandes de la región. El cálculo tomó en cuenta el organigrama de la administración pública y la nómina total de empleados. El Gobierno cuestionó el trabajo y difundió cifras sobre la evolución del tamaño del Estado desde 2015
De acuerdo a un informe de Daniel Sticco, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) dio a conocer su análisis del Estado reciente, con una conclusión primaria contundente: “El gabinete de Mauricio Macri es uno de los más grandes de América latina, y también desde la vuelta de la democracia en la Argentina desde 1983”, aunque no muestra valores comparativos. Alberto Fernández hizo declaraciones similares en las últimas horas y Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete, le respondió.
Estas conclusiones forman parte del documento de Cippec “GPS del Estado-Radiografía y balance de la Administración Pública Nacional 2015–2019. El círculo vicioso entre el deterioro fiscal y el escaso desarrollo de las capacidades estatales”, de Gonzalo Diéguez, José Gasparin, Jimena Rubio y Lucía Aruanno, que se presentó en forma anticipada a la prensa.
Para llegar a esa conclusión, los autores del informe se concentraron exclusivamente en la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional, el organigrama del Poder Ejecutivo, con cargos y funciones, y su evolución desde 2016 hasta la actualidad, sin incluir referencias a la totalidad de la nómina de empleados asalariados y contratados; y sin agregar las empresas públicas y organismos descentralizados.

¿Los ´gatos´ se reprodujeron?

El gabinete de Mauricio Macri es uno de los más grandes de América latina, y también desde la vuelta de la democracia en la Argentina desde 1983 Sobre esa base, se concluyó: “en el período no hubo un patrón de reducción, y por el contrario, se generaron costos para hacer políticas públicas, porque persistieron las dificultades para plantear propuestas de largo plazo y construir confianza, al mantener una burocracia tan inestable que afecta no sólo a los cargos políticos, sino también técnicos”, observaron los investigadores de Cippec.
El trabajo hizo foco en que, mientras a fines de 2015 se contaban 669 cargos distribuidos en 18 Ministerios; 69 Secretarías de Estado; 290 direcciones nacionales; 166 subsecretarías; y 127 direcciones generales; se elevó a 880 en 2017, y luego, con la crisis cambiaria y el ajuste del gasto público para poder acceder a un acuerdo de crédito stand-by a mediados de 2018 se volvió a una estructura de 694 cargos, y en 2019 totalizaba 691 casilleros, sin especificar cuántos empleados tenían a cargo por área y en esos años.

No hay caja que aguante

Como consecuencia de ese proceso, se estimó: “el resultado fiscal de la Administración Pública Nacional, no incluye ni empresas, ni organismos descentralizados, ni provincias ni municipios, pasó de un déficit de 3,7% del PBI en 2015 a 5,6% en 2018, y se prevé que cierre 2019 con un resultado negativo que rondaría 4% del PBI”. Y concluye, previo detallar que solo “17% de los funcionarios técnicos mantuvo el puesto durante los 4 años de gobierno de Cambiemos; y 24% en el caso de los funcionarios políticos», que la persistencia de esos desequilibrios “se explica, en parte, por el deterioro de los ingresos al arca del Estado, por la reducción de impuestos; la devolución a provincias de los fondos que financiaban Anses, así como también por los bajos niveles de actividad económica».
“La baja permanencia de los funcionarios técnicos muestra que faltaron políticas de profesionalización, como procesos meritocráticos de selección y de trayectoria profesional con cierta independencia de los vaivenes políticos”, sostuvo Gonzalo Diéguez, director de Gestión Pública de Cippec y coautor del documento. Hasta el primer trimestre de 2019 en el gobierno de Macri, hubo 125 llamados a concursos para cargos ejecutivos en la administración pública nacional central. Sin embargo, su impacto fue poco significativo: las posiciones finalmente concursadas hasta principios de 2019 eran solo un 5% del total del nivel directivo.

El contrapunto del Gobierno

Según fuentes de la Administración Pública Nacional sobre las conclusiones a las que llegó el trabajo de Cippec y rápidamente mostraron su “sorpresa”, principalmente porque “el estudio no hace comparaciones con gobiernos previos; ni tampoco pondera los efectos de las medidas ni toma en consideración las medidas que se tomaron en los cuatro años para reducir la burocracia y la papelería en cada trámite de los ciudadanos”.
Y enumeran que “Nuestro Gobierno fue el que más cargos de la Alta Dirección Pública (ADP) concursó en la historia de nuestro país con 328 concursos, es decir un 4.500% más que la gestión anterior». Agregaron que “Es la primera vez que se desarrolla un enfoque integral entre todas las dependencias, basado en tecnología y jerarquización de empleados. Hoy todos los Ministerios cuentan con evaluaciones y seguimiento de proyectos y cumplimiento de compromisos públicos. (…) más de 300.000 empleados públicos se capacitaron en herramientas digitales, Gestión Documental Electrónica, que permitieron que los expedientes se resuelven más rápido, sino que más de 1.800 trámites ciudadanos que antes eran presenciales hoy se hacen por internet y a distancia. Esto posibilitó un ahorro de más de $2.000 millones por año». “En 2005 había 124.409 empleados en la Administración Pública Nacional (Poder Ejecutivo), subió a 237.889 hacia 2015 y se redujo a 194.273 a septiembre de 2019 (…) En cambio en el conjunto de las provincias la nómina se elevó de 1.643.638 en 2005 a 2.309.712 en 2015 y ahora está en 2.379.451 personas; mientras que en el agregado de los municipios se elevó de 399.001 en 2015, a 575.562 en 2015 y a 605.746 ahora».

Dos miradas diferentes de la gestión pública

Las dos lecturas de la evaluación de la gestión pública no permiten determinar si una está en lo cierto y la otra está equivocada, porque a primera vista pareciera que las dos tienen signos de veracidad, y por tanto de legitimidad. Claramente, muchos se sentirían más cómodos con un Estado más eficiente con menor estructura y mejores resultados; con la eliminación del déficit fiscal con menos impuestos y menos gastos por empleado y por habitante. Mientras que otros no estarían dispuestos a correr el riesgo a que una reducción severa de la nómina de empleados públicos presione a la baja sobre sus ingresos en términos reales, porque muchos estarían dispuestos a trabajar en el sector privado, incluso por menores salarios a los que de modo transitorio (contratados) obtienen del Estado. Hecha esa aclaración, lo cierto es no se han visto progresos en la simplificación del organigrama de la Administración Pública Nacional. Del mismo modo que del reniegue del arcionismo sobre los agentes públicos y la erogación que representan, no se ha presentado aún un plan mejor, que no sea el parate de la estructura administrativa. Habrá que ver…

Fuentes: CCIPEC, Infobae, propias