Por Lazarillo de Tormes

Como suele ocurrir al final de cada año en nuestro país, muchas emociones se exacerban y los ánimos suelen estar algo “caldeados”; en parte, por el peso de un año que se va y la expectativa ante el futuro, en el marco de un 2017 que no ha estado exento de sinsabores en lo político, en lo económico y en lo social.
La crisis institucional que atravesó la Argentina en 2001 ocurrió un 19 de diciembre de aquél año, misma fecha en la que, dieciséis años más tarde, la violencia volvería a celebrar un nuevo “aniversario”, con una serie de protestas en algún porcentaje autoconvocadas y, en otro aspecto, convocadas de manera directa o indirecta por algunos sectores de la arena política.

Saqueos y enfrentamientos

Así ocurrió en Trelew, el martes sobre el final de la tarde, cuando un grupo de alrededor de 70 personas, que se habían “convocado” a través de las redes sociales y mensajes de WhatsApp, se apostaron en las inmediaciones de un imponente supermercado para realizar un “saqueo” en señal de protesta, aunque sin especificar el reclamo, teniendo en cuenta que, cuando la violencia aflora, todo tipo de pedido y exigencia pasan a un segundo plano, convirtiendo a esto último en la noticia.
No es novedad que, muchas veces, un reclamo legítimo suele quedar opacado por el accionar de unos pocos, como ha sabido ocurrir durante eventos masivos como el Encuentro Nacional de Mujeres, que solía terminar, frecuentemente, con destrozos en edificios religiosos y choques con la Policía; así también sucedió en el Congreso de la Nación, durante la segunda movilización que, en aquella ocasión, movilizó más banderas que ideas, ideales e ideologías.

¿Democráticos?

La cantidad de civiles, policías y periodistas heridos, dio cuenta de un desafío fundamental que enfrenta la sociedad argentina: es necesario que, en algún punto de la historia, la democracia comience a ser aceptada como sistema de convivencia; sin embargo, y cada vez con mayor habitualidad, hechos que inician como un reclamo puntual, como por ejemplo la cuestionada reforma previsional impuesta por los legisladores nacionales, terminan por trasladar interpretaciones al seno del colectivo social, fomentando que se adopten posturas antagónicas, en detrimento de un análisis real de las políticas públicas.

“Vigilar y castigar”

Sin embargo, la falta de análisis también se extiende al arco político, donde legisladores que se encontraban –hasta entonces– en las antípodas ideológicas de la reforma propuesta por el Gobierno Nacional, resolvieron dar quórum o bien votar a favor, con la sola excusa de que una evidente alineación garantizaría un evidente flujo de fondos para las provincias en cuestión.
Esto último, de cara a la lectura de los ciudadanos comunes –hoy día más concentrados en la labor legislativa que hace algunos años–, ha comenzado a hacer un evidente ruido, y en la actualidad, con los avances tecnológicos y el “right here-right now” cotidiano, es mucho más sencillo saber, a ciencia cierta, qué diputados o senadores se pronunciaron a favor, en contra o se abstuvieron de votar tal o cual proyecto.
También, es posible informarse de la asistencia o de las ausencias, en cantidad, de los legisladores a las respectivas sesiones, a modo de poner en “blanco sobre negro” la labor realizada, en comparación al salario recibido.

Cuánto cobran

Un relevamiento realizado por un medio de circulación nacional, a mediados de este año, dio cuenta de una realidad interesante: los legisladores que mejor cobran son los senadores, con una dieta de 106 mil pesos en bruto, la cual con descuentos –Ganancias incluido– se reduce los aproximadamente 74 mil pesos; a esto último se le suma un 35 por ciento de gastos de “representación y desarraigo”, que al no figurar en el recibo y sumar unos 25 mil pesos en mano, quedan por fuera del pago de Impuesto a las Ganancias. A este número se le suman los aproximadamente 20 pasajes aéreos y terrestres mensuales (10 de ida y 10 de vuelta, para simplificar), agregando a la dieta la suma de “aprox.” 19 mil pesos más y coronando el salario de un senador en los “aprox.” 100 mil pesos mensuales.
En el caso de los diputados nacionales, cada uno cobra una dieta 117 mil pesos en bruto, más 10 mil pesos de gastos de representación, todo alcanzado por Ganancias y con descuentos que alcanzan los 40 mil pesos; se agregan los 20 tramos aéreos y terrestres, sin discriminar provincia de procedencia; así las cosas, el salario mensual de un diputado es de 86 mil pesos, más-menos.
En síntesis, mientras una grave crisis económica azota distintos sectores sociales, la escalada de violencia política ha alcanzado un nuevo estándar, siendo ésta financiada por los contribuyentes y sin un debate político interesante; mucho menos, inteligente. Así las cosas, pocos días restan para culminar un 2017 en el que el caos y el orden parecerían ir de la mano, aunque a regañadientes; así como también la sociedad, “dividida en dos” y que, a propósito de las ironías, estando en veredas opuestas se encamina hacia el mismo lugar.