Días atrás el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, confirmó que enviaron un proyecto a la Legislatura para que los diputados aprueben que los casos de narcomenudeo sean investigados y juzgados por la Justicia ordinaria. Esto tuvo algunos cuestionamientos por parte de los principales actores judiciales de la Provincia.
Quien se pronunció en la víspera fue la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCH), que preside Carolina Estefanía, quien expresó su “oposición al Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo Nº69/20, mediante el cual se dispone transferir a la Justicia Provincial la competencia para investigar y juzgar los delitos de ‘narcomenudeo’”.
“Si bien coincidimos en la necesidad de encontrar soluciones al flagelo de la droga y no desconocemos que la sociedad reclama respuestas urgentes, entendemos que el referido Proyecto de Ley conspira contra tales propósitos”, argumentaron.

“Corte artificial”

Además, indicaron que “diferenciar narcomenudeo del narcotráfico produce un corte artificial en los ilícitos, por lo general vinculados, entorpeciendo su persecución. Una investigación fragmentada genera el riesgo de impedir la comprensión de la cadena delictiva del narcotráfico y, consecuentemente, atacar sus verdaderas causas”.
Desde la AMFJCH también consideraron que “dividir las competencias imposibilitará determinar la punta del ovillo de las investigaciones para poder llegar al otro extremo de la madeja, en la que se ubica la cabeza de las organizaciones narcocriminales”.

Problema de fondos

“Una transferencia de competencias como la que se propicia debería prever y disponer los fondos necesarios para que la Justicia provincial pueda afrontar el costo de las investigaciones, lo cual implicaría la creación de cargos en las fiscalías, defensorías y judicatura (de muy difícil cobertura en una Provincia que adeuda dos meses y medio de sueldo a sus funcionarias/os y magistradas/os)”, agregaron.
Los magistrados y funcionaros chubutenses también consideraron que “deberían preverse las partidas presupuestarias para la creación de laboratorios periciales específicos, cuyos valores son sumamente elevados; la provisión de bóvedas especiales de seguridad para el resguardo de la droga secuestrada, así como el equipamiento para su destrucción -que debería llevarse a cabo de forma rápida y segura (aspecto esencial para prevenir la comisión de delitos por parte de los funcionarios públicos encargados de esa tarea e inhibir la capacidad de corromper que tienen los narcotraficantes)”.
Asimismo, remarcaron que “resultaría necesaria la creación de una Policía Judicial en la órbita del Ministerio Público Fiscal, con capacitación específica para su personal y estrictos procedimientos de contralor a cargo de organismos especializados”.

Se deberían crear nuevos establecimientos

“El cambio de competencia que se propone implicaría, además, la necesidad de que los lugares de detención de personas procesadas o condenadas deberían ser provistos por el Gobierno Provincial, debiendo tenerse en cuenta que se trata de una modalidad delictiva en la que interviene un importante porcentaje de mujeres. Finalmente, deberían crearse nuevos establecimientos donde alojar a personas adictas para su tratamiento y recuperación”, apuntaron desde la AMFJCH.
Desde la entidad también pidieron tener en cuenta la situación actual en la que se encuentra Chubut, recordando que “la gravísima crisis económico-financiera por la que atraviesa la Provincia y, en particular la emergencia carcelaria -que implica un déficit de trescientos lugares de detención y sin plazas especiales para mujeres-, muestran con elocuencia que no están dadas las condiciones para afrontar ninguno de los gastos antes apuntados. En este contexto, insistir en la desfederalización conducirá, indefectiblemente, a un desmejoramiento en las condiciones de persecución e investigación de ese tipo de ilícitos y, consecuentemente, a un agravamiento de la actividad delictual”.

Problemas por adhesión

Sobre la postura de distintas provincias ante este tipo de normas, destacaron que solo ocho provincias adhirieron a la ley nacional en la que se prevé lo que busca implementar el proyecto de Massoni. “Las experiencias en las jurisdicciones adheridas no han sido para nada beneficiosas respecto de los objetivos propuestos pues –claramente- no han logrado reducir el delito, han visto superada su capacidad de actuación, han colapsado los lugares de detención y ninguna de las provincias ha recibido los aportes nacionales necesarios para que la Justicia Provincial logre dar una respuesta seria y eficaz a la problemática”, indicaron.
Al respecto, apuntaron que “el traspaso propuesto no sólo resultaría inoportuno en Chubut sino que sería inconveniente y perjudicial para el logro de los propósitos que se invocan en el referido Proyecto”.
“Exhortamos a los Diputados Provinciales de todos los Bloques que integran la Legislatura Provincial a analizar reflexivamente el mencionado proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, considerando las observaciones que aquí se expresan y convocando a las respectivas Comisiones a escuchar a todos los sectores involucrados”, concluyeron desde la AMFJCH.