El SOMU presentó un petitorio al gobernador y ratificó su postura de rechazo a la baja salarial

En medio de la grave crisis que atraviesa el sector pesquero, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) redactó un petitorio para el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, en el que solicita su intervención para destrabar el conflicto que afecta a miles de familias en la región. “Estamos firmes: no vamos a ceder ni vamos a aceptar convenios a la baja”, afirmó el prosecretario gremial, Gilberto Albornoz.

El documento, dirigido a Torres, expresa la “profunda preocupación” del gremio por lo que aseguran un “lockout patronal” impulsado por las cámaras empresarias, que llevó a una parálisis de la actividad pesquera. Según advierte el SOMU, la situación impacta directamente en los ingresos de los trabajadores y pone en riesgo la paz social.

En el petitorio, el sindicato solicita al Poder Ejecutivo Provincial que utilice todas las herramientas administrativas y legales a su alcance para:

• Trasladar el reclamo al Gobierno Nacional, convocando a las empresas a una mesa de negociación que permita retomar las actividades sin dilaciones.

• Hacer cumplir las normativas vigentes que garantizan la continuidad productiva y la preservación del empleo.

Entre las leyes citadas por el gremio figuran la Ley Federal de Pesca, la Ley de Abastecimiento, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Asociaciones Sindicales y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la protección del trabajo y condiciones dignas de subsistencia.

En diálogo con El Diario, Albornoz fue categórico al descartar cualquier posibilidad de aceptar las condiciones propuestas por las cámaras: “Estamos firmes que no vamos a ir a la baja. Ellos insisten con un convenio productivo que es desfavorable para los trabajadores, y las bases están decididas a no ceder”.

El dirigente explicó además que ya realizaron denuncias por irregularidades en las liquidaciones salariales y esperan una audiencia en la Secretaría de Trabajo para este jueves, en la que las empresas deberán justificar por qué abonaron salarios básicos reducidos a los marineros.

El conflicto, que comenzó en marzo, mantiene paralizada buena parte de la actividad pesquera, con serias consecuencias para más de mil familias en Puerto Madryn y alrededor de 15.000 personas vinculadas indirectamente al sector.

“Esto se destraba a nivel nacional, por eso pedimos que el gobernador interceda para que el Gobierno Nacional convoque a las partes y dé una solución”, agregó Albornoz.

En paralelo, el sindicato continuará evaluando medidas, aunque por el momento esperan la audiencia del jueves antes de definir nuevas acciones. Mientras tanto, el municipio continúa asistiendo a las familias madrynenses afectadas con bolsones de alimentos, según confirmó el propio dirigente.

“La unidad entre los trabajadores es firme y todos coinciden en que no van a aceptar rebajas. No es solo por nosotros, sino por todas las familias que dependen de este trabajo”, concluyó.