De “intocable” a estar detenido por una denuncia penal por corrupción

Este domingo se conocieron más detalles de la acusación a Mauro Palma, el ex delegado de la Dirección de Servicios Públicos en la Comarca, tras que el viernes último se realizara en Lago Puelo la audiencia de control de detención en el marco de una denuncia penal por corrupción.

Vale recordar que la Fiscalía imputó al exfuncionario el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y solicitó la prisión preventiva por 15 días.

A raíz de los incendios que afectan a la Cordillera, se desprendió un entramado de posible corrupción.

Según expresó este domingo el Gobernador de Chubut “vimos cómo un sector de los Servicios Públicos, concretamente el delegado de la comarca, que decía ser ‘intocable’, extorsionaba a quienes querían hacer un loteo para que contrataran a su empresa; contrató en su sector, que tiene los sueldos más altos de la provincia, a su esposa y hijos, porque se creía con privilegios y decía ser el ‘amo y señor’ de los servicios públicos de la comarca”.

“Si algún intendente osaba decirle algo a Palma, o no le rendía pleitesía, este delincuente le cortaba la luz a un pueblo entero”, relató el titular del ejecutivo chubutense, haciendo hincapié en que “ahora, ese delincuente está detenido. Y hay otros que estaban detrás de un escritorio, hace muchísimos años, en connivencia, teniendo empresas privadas y ‘de los dos lados del mostrador’, para enriquecerse a costa de los chubutenses”.

“Cuando la situación es complicada, los miserables se envalentonan: extorsionan y se quieren hacer fuertes a partir del miedo de la gente: pero son tan delincuentes como los que provocan los incendios, los que estafan a la obra social y los que están hace años enquistados en el Estado, robándoles a todos los chubutenses”, sentenció Torres.

En cuanto a los hechos investigados, habrían ocurrido entre 2015 y 2024. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal es que se aprovechó del cargo público que ocupaba para llevar a cabo contrataciones lucrativas vinculadas a una serie de actividades inherentes a un servicio público, cuya incumbencia funcional se encontraba bajo su órbita estatal, en virtud del cargo que desempeñaba y conforme la competencia que le fuera asignada para tal fin.

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