El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado por la Cámara de Diputados, que integra la Ley de Bases, establece beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de 200 millones de dólares.

El RIGI establece beneficios fiscales que alcanzan a impuestos nacionales y provinciales. En efecto, el artículo 187 dispone que las importaciones para consumo de mercaderías o temporarias de las firmas adheridas al régimen estarán exentos de derechos de importación, el impuesto PAIS, tasa estadística (de jurisdicción nacional) y “de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales”.

Eso incluye desde tasas municipales hasta el impuesto inmobiliario o el cuestionado impuesto a los Ingresos Brutos, de recaudación provincial.

Asimismo, el RIGI establece diferentes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

Entre otros aspectos, la normativa afectaría la autonomía de las provincias y municipios, en virtud de las modificaciones en materia impositiva y la presunta nulidad con la que dejaría a leyes preexistentes. En este sentido se han expresado críticas por considerarlo inconstitucional.

La creación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que incluye una serie de beneficios fiscales y aduaneros para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos por encima de los 200 millones de dólares, fue aprobado (el capítulo I de ese título, con 12 capítulos en total) con 134 votos a favor, 109 en contra y 6 abstenciones.

En alusión a esto, la diputada Stolbizer sostuvo que “no es justo este tipo de concesiones que perjudican a otras empresas”. Habló además de que “se violenta el federalismo” y “hay un artículo que incluso le dice a la Justicia lo que tiene que hacer”. “Son esos artículos que claramente no son hechos por un funcionario del Estado”, denunció.