El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, encabezó el fin de semana pasado el armado de la Multisectorial de la capital provincial, que claramente se posicionó contra los alcances de la Ley «Bases» que se debate en Diputados y los DNU que impulsa el presidente Javier Milei.

Grasso y la casi totalidad de su gabinete acompañaron el cónclave que reunió a vecinos, empresarios y referentes de ONGs, entidades intermedias y de distintos sectores sociales, culturales y políticos de la provincia. Durante la reunión, se elaboró un documento donde se planteó el rechazo ante la cantidad de ítems que impactarán negativamente en la economía y la vida cotidiana de los riogalleguenses y santacruceños.

Similar camino adoptaron los intendentes de la Cuenca Carbonífera, Darío Menna y Aldo Aravena, quienes encabezaron el armado de la Multisectorial de la Cuenca, focalizando su pedido en el futuro de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y otros puntos de similares características que afectarán el devenir de Río Turbio, 28 de Noviembre, Julia Dufour y Rospentek.

Hasta ahora, ningún otro jefe comunal del interior de Santa Cruz se ha expedido ni a favor ni en contra de las medidas nacionales. Un dato curioso si se considera el impacto que tendrán en breve, por ejemplo, la suba de los servicios básicos en las facturas de luz y gas, que repercutirán fuertemente en sus comunidades con la llegada del invierno. La posición del propio gobernador Claudio Vidal tampoco fue ni contundente ni clara ante la avanzada de medidas del Gobierno Nacional, más allá de que algunos de sus socios políticos en el Senado (José María Carambia y Natalia Navedo) y de la Cámara Baja del Congreso (como el diputado nacional Sergio Acevedo) dejaron en claro su posición de que no acompañarían el paquete de leyes, tal y como estaba propuesto.

El mensaje de Grasso ante la audiencia, el sábado, fue claro: «Tenemos un Gobierno provincial que va a tener el doble de ingresos. Porque de un dólar a 380 pasamos a uno de 800 y eso es una suba de las regalías. Automáticamente, aumentan más del doble. Entonces, hay plata en la provincia de Santa Cruz. Nosotros queremos que la plata sea distribuida de otra forma».

En su alocución, aclaró que no se trataba de, «hablar en contra de otro…, no quiero que mañana digan, ´Pablo está en contra de´…lo que digo es, la política de distribución tiene que ser distinta. Queremos que se distribuya de otra forma».

Un debate que no es nuevo

«Los municipios de Santa Cruz deberían recibir más”, lanzó el jefe comunal, poniendo otra vez sobre el tapete la discusión y debate sobre lo que recibe la Provincia y lo que deberían recibir las intendencias, por todo concepto de coparticipación.

El debate sobre la «copa primaria y secundaria» no es nuevo. Es una discusión tan vieja como el pago de los aportes a las Cajas provinciales. Sin embargo, fue el propio diputado por el Municipio de Río Gallegos, Eloy Echazú (aliado y amigo personal de Grasso, ya que pertenece a su mismo espacio político Construyamos Juntos), el que intentó llevar esa discusión a la Cámara de Diputados, no pocas veces, durante su primer mandato como legislador. De hecho, acompañó personalmente y adhirió a varias reuniones que algunos jefes comunales impulsaron para poner condiciones al Ministerio de Economía, acerca de lo que cada uno debería recibir.

No por no haberse discutido en la Legislatura o porque cambiaron muchos de los intendentes tras las elecciones en las localidades del interior, el debate quedará en el olvido. De hecho, la nueva composición de la Cámara podría inclinar la balanza favorablemente para que la discusión finalmente se dé, y más allá de la pertenencia política de varios nuevos jefes comunales (la mayoría llegaron acompañando o de la mano de Vidal y el partido SER), ninguno renunciará ni se opondrá a un mejorado reparto de los recursos, más en este contexto de escasez de fondos.

Curiosamente, o no tanto, el jefe comunal de Gallegos aprovechó la oportunidad del fin de semana pasado para poner en la agenda provincial un tema que, aunque con «presente continuo», pareciera ser clave para definir de aquí en adelante la relación del Gobierno Provincial con las intendencias; y los recursos que muchas de ellas ya le empezaron a demandar al Ejecutivo de Santa Cruz para poder hacer frente a sus respectivas gestiones locales.