En la audiencia que tuvo este martes 7 de noviembre, con la presencia del secretario Horacio Pietragalla Corti, la representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó que se condene a prisión perpetua a los prefectos de la Agrupación Albatros acusados de haber asesinado a Rafael Nahuel durante una violenta persecución y represión en un terreno de Villa Mascardi.
Los acusados del crimen son los agentes Sergio Cavia; Francisco Javier Pintos; Juan Ramón Obregón; Carlos Valentín Sosa y Sergio García, todos miembros del grupo Albatros de Prefectura, en ese momento bajo las órdenes de la entonces ministra de seguridad Patricia Bullrich.
Los prefectos llegaron a juicio imputados por la Fiscalía como coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa. Sin embargo, en su presentación la Secretaría de Derechos Humanos argumentó que el crimen del joven mapuche no se trató de un “enfrentamiento armado”, sino que de un homicidio calificado, en el marco de una persecución deliberada con disparos de munición letal a personas que escapaban arrojando piedras.

Postura de la Querella

Durante el alegato se explicó, entre otros aspectos, que los imputados dispararon, en total, al menos 151 veces con munición letal, que los imputados no tenía armas no letales y que tenían la indicación de esperar refuerzos y que, sin embargo, desobedecieron la orden y salieron a matar.
A lo largo del juicio, la postura de la Secretaría fue corroborada por testimonios de integrantes de la comunidad mapuche que estuvieron junto a Rafael Nahuel en el momento que sucedieron los hechos, que declararon ante el Tribunal que los prefectos dieron la voz de alto, tras lo cual comenzaron a disparar con munición de plomo sin esperar respuesta.
Asimismo, afirmaron que ninguno de los miembros de la comunidad tenía armas de fuego, y que solo se defendieron lanzando piedras frente a una persecución y una balacera con balas de plomo por parte de los agentes de la fuerza de seguridad.
La versión sobre el enfrentamiento armado fue contrastada además por una inspección ocular ordenada por el Tribunal, con la presencia de las partes y los peritos, que logró determinar el lugar exacto donde los prefectos ultimaron a Rafael Nahuel.
Estuvieron presentes en la audiencia el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, quien estuvo a cargo del alegato junto con el equipos de abogados de la Secretaría, y el director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos «Dr. Fernando Ulloa», Adelqui del Do.
Sobre la importancia de la participación de la Secretaría en el juicio, Pietragalla destacó: «Es nuestra obligación trabajar para que estos crimenes no queden impunes. Clarificar lo que pasó, desmantelar complicidades y que el Estado cargue con su responsabilidad en sus propias fuerzas y agentes cuando se violan derechos, no solo es un derecho de la víctimas y familiares, es también un paso adelante para la no repetición.»