Las protestas más grandes que ha tenido Panamá en tres décadas comenzaron el 23 de octubre, en vísperas de las fiestas patrias, con un par de cientos de personas en las vías. Pero dos semanas después de que el gobierno firmó un contrato de concesión minera con la multinacional canadiense First Quantum por hasta 40 años, en las calles de la ciudad hay más de 70 000 personas todos los días, otras tantas miles en las capitales del interior y pueblos remotos, y hasta en el mar: pescadores aceleraron sus lanchas por el golfo de Los Mosquitos hasta el puerto Punta Rincón, que controla la mina, con el mismo reclamo: Panamá libre de minería.

La Procuraduría General de Panamá informó la última semana que ha abierto 175 investigaciones y detenido a 60 personas por la presunta comisión de diversos delitos en medio de las protestas contra una concesión minera, que ya llevan más de dos semanas y en cuyo marco dos personas murieron el pasado martes.

El Ministerio Público llamó a la ciudadanía a respetar el sistema democrático y la pacífica convivencia “tanto de quienes ejercen el legítimo derecho a las protestas como aquellos que se ven afectados por ellas”.