La Comisión de Educación de Diputados, presidida por la oficialista Blanca Osuna (Entre Ríos), llevó a cabo este martes su cuarta reunión informativa en la que profundizó el tratamiento del proyecto financiamiento educativo. El texto fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FdT), que lo debatirá este miércoles a las 10 a fin de dejarlo listo para el recinto en una próxima sesión. Juntos por el Cambio irá con un dictamen de minoría sobre esta iniciativa.

Del encuentro participaron funcionarios del Ministerio de Educación, sindicalistas, representantes universitarios y de instituciones académicas, quienes hicieron hincapié en varias modificaciones en la redacción de la iniciativa.

Desde el Anexo “C” de la Cámara baja, Osuna destacó que el proyecto fue presentado hace “unos meses” por los ministros Jaime Perczyk y Sergio Massa y señaló que “tiene en el Congreso innumerables antecedentes, hay 13 proyectos presentados en la Cámara de Senadores, 19 en Diputados. Estamos hablando desde el 2007 en adelante poniendo ese punto en virtud de que tenemos una Ley de Financiamiento Educativo la que envió Néstor Kirchner siendo presidente y Daniel Filmus ministro de Educación y que fue debatida en este Congreso y aprobada en diciembre de 2005 y promulgada en el 2006”.

“Entre los proyectos que han circulado en esta cámara, el que tiene vigencia y que ponemos a la vista es el del 13 de febrero de 2023 del diputado Julio Cobos”, precisó y sumó: “El proyecto que vamos a estar analizando forma parte de una sucesión de reuniones la primera el 27 de septiembre, la segunda el 4 de octubre donde recibimos 15 oradores, la tercera reunión fue el 1ro de noviembre”.

La palabra de los invitados

Abrió la ronda de expositoras Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, quien retomó las palabras de la UNESCO respecto de que “todo dispositivo de educación es positivo, por analogía siempre discutir financiamiento es positivo”.

En ese sentido, celebró que esté en agenda proyectos para el financiamiento de la educación en general. “Todos los que estamos acá creemos que la educación es un derecho humano y es una obligación de los Estados, por lo tanto, vale la discusión de la ley”, señaló y destacó aspectos “muy positivos” de la iniciativa tales como “poner en agenda el tema de la sala de 4 y de 5 y de 3, y sobre todo ponerlo en agenda a nivel nacional y no crecer de manera despareja a nivel federal”.

“Es muy importante que esta ley pueda afrontar y financiar los gabinetes psicopedagógicos de cada escuela. Me parece muy bien el tema del segundo idioma, el fortalecimiento de las escuelas técnicas, ampliar las jornadas en horas y en días del año, la inclusión, la capacitación docente, no ponernos colorados a la hora de hablar de analfabetismo porque todavía lo hay. Me parece muy bien un camino de ida hacia la capacitación de los chicos en robótica e informática y seguir recordando las prácticas y capacitación en las ESI”, enumeró.

También destacó de la ley la “introducción de dos aspectos fundamentales de la gestión de la educación” y explicó: “Tiene que ver con hacer un principal destaque del artículo 18 que habal de la Comisión de Seguimiento. Me parece muy importante que existan dispositivos en las leyes que uno pueda monitorear cómo va el avance de las leyes”. Además, ponderó el sistema de información o gestión del que habal el artículo 26.

A su vez, resaltó la “articulación entre las universidades y las escuelas, no debe ser un salto al vacío, no deben tener distintas posibilidades aquellos colegios más cercanos a las grandes ciudades y desproteger a los del profundo interior que tiene la Nación”. Moriñigo consideró que “tenemos que empezar a hablar del futuro del trabajo y del trabajo del futuro porque no podemos seguir enseñando como hace tiempo para un momento donde se nos viene con otra velocidad del conocimiento. Esta comunión entre universidad y escuela tiene que asociarse mucho más sobre todo a la hora de establecer la currícula de cada una de las materias de las asignaturas y contendimos mínimos del saber”.

El académico planteó que “el conocimiento en el mundo avanza de una manera veloz. Se tardó 1.500 años en duplicar el conocimiento. Luego se tomó 250 años en duplicar ese conocimiento y así ha ido avanzando”, y señaló que “somos de la generación que en el 2030 el conocimiento en el mundo se va a duplicar en 12 horas”, por lo que cuestionó que “no podemos tener un plan de estudio que dure 8 años. No podemos enseñarles de la misma manera”.

“Los contenidos de las escuelas y de las universidades tienen que tener otra velocidad y los diseños curriculares tienen que tender a contenidos que hablen sobre la alimentación, sobre la educación financiera y que hablen sobre una gestión ambiental”, sugirió.

Por último, expresó preocupación por que “se cumpla todo lo que se discute en función desde venimos desde el 2006 de la Ley Filmus con un poco grado de cumplimiento. Ojalá estas comisiones que tienen poder de monitoreo y cumplan su rol porque ahí tenemos esperanza sobre el cumplimiento”. Al respecto, indicó que será “positivo el consenso que se alcance de los diputados por el tema de la aplicabilidad de la curva”.

“Las veces que fuimos a buscar esta Ley Filmus lo que se nos contestó es que se lo llevó la variable salarial. Todo lo que el articulado trata de fortalecer a la hora de la educación si el ritmo inflacionario es como venimos, ojalá no se la lleve toda la variable salarial”, cerró el rector puntano.

A su turno, Marcela Browne secretaria de la CADE informó que “2 millones de niños de 45 a 2 años quedan sin cobertura y sobre todo en un sector mayoritariamente privatizado. Hoy el sector de 0 a 2 años es tierra del sector privado y esto no puede ser porque halamos de una desprotección total”.

En esa línea, sumó que “311 mil de 3 años sin cobertura, 80 mil de 4 años sin cobertura. Estaríamos hablando de 2 millones de niños y niñas de nuestra patria”, y apuntó para “quienes se les ocurra pensar que esto no es necesario”. Por otro lado, alertó: “Tenemos que pensar que hoy no tenemos sillas, no tenemos aulas necesarias para esa cantidad de niños por eso necesitamos ese porcentaje del 8% para esa infraestructura y también necesitamos formar docentes de nivel inicial para cubrir este volumen de personas”.

Browne hizo algunas sugerencias para mejorar la redacción del texto. Así, señaló como primer aspecto cuando se habla de modalidad de gestión “dice claramente de gestión pública y a las de gestión privada e invisibiliza el enorme esfuerzo que hacen las organizaciones sociales y comunitarias en los territorios acompañando a los jóvenes que, la mitad de los que mencioné, no recibiría educación”. Por ello, instó a que “en esta ley se recupere el espíritu de la ley nacional se retome las obligatoriedades del Estado para garantizar el derecho de los trabajadores y la educación de gestión social y comunitaria”.

Por otro lado, indicó que en el proyecto se menciona la inclusión educativa para personas con discapacidad, algo que estamos de acuerdo y celebramos, pero en contrapartida no menciona ni a los estudiantes en situación de educación domiciliaria ni hospitalaria, tampoco a las personas que están en situación de privación de libertad abandonada por el sistema judicial, tampoco a las personas que son jóvenes y adultos y es una modalidad totalmente desfinanciada. El espíritu de esta ley no es hablar de ciudadanos de primera y de segunda, con lo cual o lo mencionamos a todos o hacemos unas generales de la ley porque es delicado no mencionar a todos”.

“Celebramos los indicadores de la coparticipación, pero creemos que es importante desde el sentido de la justicia y de la equidad”, señaló y solicito “tener en cuenta los indicadores de eficiencia interna educativa porque los niveles de repitencia, de terminalidad que en pandemia se agudizaron notablemente y son muy distintos en el país federal”.

También destacó el articulado que hace referencia a las sanciones cuando “las jurisdicciones no hacen el esfuerzo educativo que les corresponde”, y sugirió: “Hay que generar recaudos para que el derecho a la educación sea garantizado más allá de las irregularidades de cada jurisdicción”.

Además, sostuvo que el articulado sobre los compromisos de inversión anual “no se comprende la redacción porque no especifica si son porcentajes. Si fuera en pesos estaríamos en un problema enorme porque en nuestro país el presupuesto por estudiante nos da muchas pistas, pero hablar de un gasto anual por alumno no inferior al verificado al año 2015 no nos alcanzaría a comprarle un lápiz y una goma. Pedimos especificaciones en el articulado”.

“Entendemos que el espíritu es recuperar lo del 2015 que fue el único año donde se cumplió el 6% de la inversión del PBI, pero como esta ley busca el 8% no se comprende bien”, indicó Browne y pidió también revisar ese aspecto.

En suma, solicitó que se revise la meta anual del ejercicio fiscal que establece la iniciativa porque “parecería ir en contra de los mismos propósitos de la ley porque si tenemos que revisar la meta en función de la recaudación tendríamos un problema”. Sobre este punto, sugirió que si se cumpliera el 50% del impuesto a las grandes fortunas “tendríamos 250 mil millones para cubrir. También un incremento del 10% de los bienes personales, la reducción del 20% de los gastos tributarios. Tenemos un listado de propuestas en materia tributaria donde los derechos se asocian a la justicia fiscal”.

A continuación, disertó el director de Educación del CIPPEC Esteban Torre celebró la discusión de la iniciativa que pone el foco en “la alfabetización, la extensión de la jornada, la referencia en aspectos claves en el nivel inicial, vínculo con el trabajo, que insista sobre la ESI, que garantice la entrega de libros, que apueste a los sistemas de integración, a políticas de evaluación del aprendizaje, entre otras”.

Torre consideró que los fundamentos se “podrían fortalecer de dos maneras. Por un lado, colocando al proyecto educativo que emana de la iniciativa como un componente fundamental de un proyecto de desarrollo y de un modelo de país. La educación es un motor del desarrollo económico y creemos que podría jerarquizarse de una manera mucho más clara. Por otro lado, el mensaje de los fundamentos da cuenta de un Estado que decide invertir en educación y sería bueno que los fundamentos hiciesen explica la aspiración de contar con un Estado eficiente que no solo aumenta la inversión, sino que las dirige a metas hace seguimiento para hacer su cumplimento efectivo”.

A su vez, el funcionario señaló que proyecto “propone una meta de financiamiento hacia 2030 del 6.5 del PBI para la educación no universitaria y del 1.5% del PBI para la universitaria. De esta forma, el subsistema universitario necesita una duplicación de su presupuesto mientras el resto de los niveles un aumento del 50%”.

“Se necesita hacer un ejercicio de priorización en el proyecto que persigue 40 objetivos”, planteó y se refirió a la Comisión de Seguimiento de Metas porque “hay objetivos que tienen metas de acá a unos años, pero otros no las tienen”, por lo que recomendó “poner metas escalonadas para objetivos prioritarios de primer nivel”. “Este proyecto tiene el potencial de ser la base de un consenso para construir un pacto educativo nacional y ponerlo en diálogo con un proyecto de desarrollo y con un modelo de país”, cerró.

En su presentación, Flavio Pinto de AIEPA alertó que “poco se va a poder hacer con este aumento si no hay consensos políticos básicos”, y resaltó que “este proyecto de ley es una gran oportunidad para que todo el arco político pueda definir consensos de acá a largo plazo, que van a respetar todas las gestiones que vendrán en el futuro por al menos 10 – 15 años”.

“Lo necesitamos los ciudadanos a esta iniciativa. Necesitamos consensos políticos mínimos que perduren en el tiempo y, particular, que no sean discriminatorios de las escuelas de gestión privadas porque llegan a cuenta gotas a la gestión”, cuestionó y advirtió: “Desde la pandemia y con esta situación las escuelas están mal, muchas escuelas están cerrando, las familias necesitan libros o computadoras. No toda escuela de gestión privada es escuela de elite”.

En tanto, remarcó: “Esta ley es una oportunidad para hacer más equitativo la participación de todos los programas de nación para las escuelas de gestión privada”, pero pidió tener en cuenta la “situación en la que nos encontramos junto con la mayor matriculación, deserción escolar, sobre edad, situaciones de precariedad en aprendizajes. Esta ley es la oportunidad para focalizar en estas cuestiones. Esta es la realidad de la educación, si un chico aprende o no. Esta ley tiene que ser concreta con inventivos para las provincias”.

La directora en Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, Yamile Socolovsky, expresó: “Un incremento en el presupuesto universitario tal como está planteado en el proyecto nos parece fundamental para darle a las instituciones previsibilidad, permitiendo una planificación efectiva y concretarse en transformaciones reales”.

La secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti, agregó: “Más del 70% de la investigación se realiza en la universidad, por eso creemos que el Programa Nacional de Investigadores debe tener una mirada especial dentro de lo que significa la ley de financiamiento”.

Por su parte, la exdiputada nacional y congresal de SUTEBA, Nathalia González Seligra, resaltó que “la inclusión y el acceso a la educación tiene que cuestionar las políticas económicas y pensar una educación no subordinada a los intereses de multinacionales, extractivismo y capital financiero como creemos propone este proyecto”.

Walter José Merkis, ssecretario General de FATUN, opinó: “Creo que este proyecto garantiza lo que necesitamos, aporta a una proyección de un país que apunte a la grandeza que necesita y también a que su pueblo se pueda desempeñar en virtud de esta utilidad de la educación pública”.

En su alocución, Norberto Heyaca secretario general de FAGDUT destacó que “la universidad es la inversión a corto plazo y por eso la importancia, no solamente de mejorar como dice la ley la terminalidad, sino también agregar la posibilidad de que haya programas de recupero de aquellos que no terminaron por poco”.

“Mi preocupación es traer aquí la situación salarial, la situación con la que pretenden echarle la culpa a la docencia, que muchas veces sostiene las falencias de una educación pública justamente desfinanciada”, planteó Amanda Martín en su carácter de secretaria general adjunta de ADEMYS.

Leticia Medina, secretaria general de CTA Córdoba, avizoró: “Aspiramos a que la efectivización de este proyecto de aumento presupuestario pueda mejorar la calidad del trabajo docente, en particular un mejoramiento de las condiciones de dedicación horaria universitaria”.

Por último, el secretario General de FEDUN, Daniel Ricci, manifestó: “Creo que este consenso es importante, que vayamos avanzando cada vez con más derechos, no solamente para los universitarios y educadores, sino para toda la sociedad en general”.

(Fuente: Parlamentario)