A lo largo de este mes, continúan tomando declaración indagatoria a los imputados por el mega operativo que detectó una red de contrabando en Argentina y Chile. Hasta el momento, hay cinco procesados y detenidos, mientras que los que ya fueron indagados esperan la resolución del magistrado.

En la causa se investiga el presunto accionar de una organización ilícita trasnacional, cuyo principal cometido estaría orientado al contrabando de mercaderías, como ser cigarrillos, cubiertas, dinero, estupefacientes, y al lavado de activos, que serían obtenidos de manera ilícita. El objeto de la causa fue ampliado, a la fecha, a la investigación de trata de personas y/o tráfico migratorio.

La hipótesis criminal indica que el contrabando se realizaba, principalmente, a través de pasos fronterizos no habilitados, ubicados en las localidades de 28 de Noviembre y Río Turbio. La organización utilizaba las localidades de El Calafate, Río Gallegos y Puerto San Julián de la provincia de Santa Cruz, y Bahía Blanca (Buenos Aires) como bases. Por otro lado, el contrabando se verificó en la ciudad de Puerto Natales y Punta Arenas, de Chile.

El tráfico se realizaba por estancias privadas, estratégicamente ubicadas en zonas cercanas al límite fronterizo, administradas por miembros de la organización. Los lugares utilizados se caracterizan por estar ubicados en comunas con pocos habitantes, mayormente zonas inhóspitas, de campo abierto, amojonado por alambre o tranqueras sin candado, ubicadas a escasos kilómetros de la Ruta Nacional 9 de Chile.

En aquellas zonas, se transaccionaban las mercaderías ilícitas, que eran abonadas en dólares y cheques. Para poder llevar a cabo estas operatorias, la organización contaba con recursos propios, empresas de transporte, rodados de gran y mediano porte, diversos socios asentados en varias localidades y un importante poder logístico. En ese sentido, se detectó la emisión de facturas apócrifas por parte de la organización, a través de empresas de las cuales, también, se canalizarían los ingresos ilícitamente obtenidos.

Con las ganancias ilícitas de estas operaciones, los miembros de la organización incrementaron su patrimonio a través de la compra de vehículos de alta gama, camiones, vehículos de transporte de pasajeros, propiedades y negocios comerciales, como drugstores, bares, locales bailables, madereras y carnicerías, entre otros.

Una vez que se logró recabar todos los datos necesarios, se realizaron 68 procedimientos en Argentina y Chile, durante los mismos se secuestraron dinero en efectivo, cigarrillos, estupefacientes, armas de fuego, municiones y se incautaron varios rodados. Hay más de 20 detenidos, en su mayoría en Chile.

Los allanamientos realizados en Argentina totalizaron 46 y se llevaron a cabo en ocho ciudades: Río Gallegos, San Julián, Río Turbio, 28 de Noviembre, Rospentek, El Calafate, San Martín de los Andes y Bahía Blanca. Los domicilios allanados (donde se secuestraron armas) constituyen viviendas, empresas de transporte, estudios contables, estancias, mercados, comercios, galpones y depósitos.

Desde iniciado el operativo, ha pasado un mes, en Argentina, se detuvieron entre 27 y 30 personas, físicas y jurídicas. Desde ese entonces, el juez federal que entiende la causa, se encuentra tomando declaraciones indagatorias a los imputados, para lo cual el magistrado tiene 10 días hábiles para dictarles el procesamiento o no, y si lo hace con prisión preventiva o sin ella.

Hasta el momento, hay cinco procesados con prisión preventiva, algunos la cumplen en una celda y otros en sus domicilios.

Fuentes judiciales, consultadas por TiempoSur, comentaron que no se descartan nuevos procedimientos entorno a esta causa, ya que, desde la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Julio Zárate, se continúan pidiendo medidas probatorias, porque se sospecha que hay más involucrados en la causa.