El pasado viernes 16 de junio, la Justicia aceptó a la Fundación Patagonia Natural, la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas y a Greenpeace Argentina como querellantes en la causa por el ecocidio perpetrado en la Reserva Punta Tombo.

La denuncia presentada por las organizaciones señala la posible configuración del delito de Crueldad contra los animales, establecido en la Ley 14.346 de Maltrato Animal, cuando se abrió un camino en Punta Tombo, la colonia de pingüinos de Magallanes más grande del mundo, en el 2021. Solicitando la adopción de medidas inmediatas para proteger a los pingüinos afectados.

De acuerdo a las organizaciones, este tipo de masacres constituye un delito penal y debe ser investigado y sancionado como tal. “El daño causado es irreversible y la justicia debe actuar en consonancia con la gravedad de los hechos”, aseguraron, enfatizando la necesidad de sancionar un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino.

Ese mismo viernes, la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas y Greenpeace Argentina presentaron una denuncia penal ante las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut, para exigir una investigación penal a fondo con motivo de la masacre perpetrada en la Reserva Punta Tombo, donde cientos de pingüinos magallanes fueron asesinados.

Sobre la reserva Punta Tombo

Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas en la estepa patagónica, ubicándose sobre la costa del Océano Atlántico, en el departamento Florentino Ameghino, a 110 km de la ciudad de Rawson, capital provincial. El pingüino Magallánico, cuyo estado de Conservación de acuerdo a la catalogación en la lista roja  de la IUCN es de Casi Amenazado, no sólo ha sufrido los impactos de la actividad humana en tierra, sino que también está amenazado por actividades que avanzan sobre el mar, principalmente la industria petrolera, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático sobre los océanos.

Las organizaciones estiman que al menos 175 nidos fueron destruidos en todas las áreas de nidificación. Además, se instaló un alambrado electrificado a lo largo de 900 metros. En diferentes sectores, dicho alambrado impidió la libre circulación de los pingüinos al encontrarse a una altura inferior a la de esta especie. Este hecho ocurrió en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida, y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.

(Fuente: Greenpeace)