El titular de la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACh), Gustavo González, habló sobre la actualidad del Fondo Ambiental Provincial (FAP) y el posicionamiento de la entidad frente a su posible derogación.
«Hace 15 días surgió que para poder salir a trabajar debíamos cumplir con el impuesto, pese a que tenemos medidas cautelares vigentes y que la Justicia todavía no se ha expedido sobre el pedido de inconstitucionalidad que hemos realizado, por lo tanto la flota quedó parada y los gremios salieron a manifestarse con cortes de ruta y paro en los puertos», explicó en diálogo con AzM Radio.

«Tuvimos varias reuniones y en la última, que fue con el Gobernador y los intendentes más el ministro de Economía, el Fiscal de Estado y demás, y llegamos a un acuerdo donde cada uno ponía su granito de arena para intentar salir de esta situación lo más decorosamente posible. Luego, las empresas y la Cámara habían aceptado pagar parte del impuesto, no queremos decir ‘deuda’ porque se trata de una Ley que está mal generada y que carece de todo derecho, por eso pedimos a la Justicia que se manifieste al respecto», relató González.

En cuanto al pago de $500 millones en 36 cuotas, según había anticipado el secretario de Pesca Gabriel Aguilar, el titular de la CAFACh aclaró que «ese fue nuestro primer ofrecimiento, y tras varias horas de negociación terminamos en un acuerdo en el cual la ley se derogaba, se hacía una quita de la parte que deberían afrontar los trabajadores, y que el restante se terminaba pagando en 5 cuotas con un anticipo del 40%; con ese acuerdo nos fuimos ese día y los trabajadores levantaron la medida de fuerza por lo que los barcos pudieron salir».

«Tras la reunión se había acordado llamar a una Sesión Extraordinaria el martes ya que el lunes había sido feriado, pero eso no ocurrió porque para dicha sesión hacía falta una mayoría extraordinaria, y se convino tratar el tema en una Sesión Ordinaria. Hasta ahí todo fue acordado, pero posterior a ello empezaron a salir algunos diputados a decir que no estaban convencidos y que no estarían los votos, y esas declaraciones fueron las que hicieron que los gremios los convocaran a una reunión el sábado pasado para determinar qué podía pasar si no se llegaba a la derogación», relató González.

En cuanto a las declaraciones de la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, quien se mostró visiblemente en desacuerdo con la derogación del FAP, González advirtió: «Me llama mucho la atención de una persona que entiendo ve la realidad de Camarones, principalmente cuando dice que a las municipalidades no les queda nada. Yo voy seguido a Camarones y todas las construcciones y el movimiento de logística, los gastos en las proveedurías y supermercados que generan los barcos, todo el movimiento económico que genera la pesca en la ciudad hace que el Municipio recaude mucho. Consecuentemente, decir que a la Municipalidad ‘no le queda nada’ me parece que está muy alejado de la realidad».