Revés judicial para Alicia Kirchner
Un fallo de la Justicia de Santa Cruz, coloca a la gobernadora Alicia Kirchner en una incómoda posición, y exhibe lo debilitado de su gobierno ante un hecho que, en otras circunstancias habría dado probablemente un resultado diferente. La Cámara de Apelaciones, confirmó el fallo de primera instancia que rechazó la demanda del gobierno de Alicia Kirchner, contra un grupo de jubilados que entre los años 2016 y 2018 reclamaron por el pago de sus haberes.
La denuncia impulsada por el Fiscal de Estado, Fernando Tanarro, acusaba a los jubilados de haber provocado daños a edificios públicos y reclamaba la suma de 330 mil pesos por cada uno de los denunciados.
La Cámara rechazó la apelación del gobierno en base a los argumentos esgrimidos por el juez de Primera Instancia Francisco Marinkovic quien consideró insuficientes las pruebas aportadas por Tanarro, que tampoco individualizó a los autores ni situó temporalmente los hechos de «extrema violencia» que denunció.
En su fallo los camaristas, Enrique Arenillas y Diego Lerena apuntaron a la ambigüedad de las pruebas, estimaron insuficientes la versión de los testigos, y citaron al Observatorio de Derechos Humanos del Senado que en 2016 definió a la protesta social como «una de las formas más efectivas de expresión, y en muchas ocasiones, la única forma de expresión de grupos determinados».
«El ejercicio de derechos sociales no es una actividad contraria al ordenamiento jurídico ni potencialmente riesgosa. No podemos tratar de igual forma para imputar responsabilidades colectivas a situaciones de distinta naturaleza jurídica, igualando a los grupos que defiende derechos sociales con otros grupos cuyos intereses son claramente antijurídicos y contrarios a la convivencia social», cita el fallo de la Cámara de Apelaciones.
En cuanto al fallo de Primera Instancia, la Cámara sostiene que los elementos de prueba aportados no demuestran con suficiente claridad el presupuesto inexorable de la responsabilidad civil: el daño.
Agrega que en los casos que podríamos precisar la existencia de algún daño estamos ante un problema de acreditación de la autoría; a estos problemas para establecer la real autoría de los daños a las personas demandadas debemos sumarle la incertidumbre en la secuencia temporal de los daños, ¿Cuándo se produjeron específicamente cada uno de los danos alegados? y la ausencia de toda prueba que justifique racionalmente el monto reclamado.
Los jueces también observaron la falta de precisión en los testimonios de los testigos.
Cita el caso de una empleada de Casa de Gobierno que trabajaba en dependencias cercanas a la Privada de la señora gobernadora. «Refiere muchos incidentes (fuego, rotura de la puerta que es patrimonio histórico, quema de cubiertas, ocupación durante 100 días del espacio público», quien en principio identificó alguna de las fotos que registran los hechos, pero no recuerda nombre.
El caso de esta testigo es notable porque según se lee en el fallo, «no coincide temporalmente su trayectoria en casa de Gobierno con el momento en que señala se produjeron los hecho, en 2017 la testigo ya era personal de Distrigas en Las Heras.
Respecto del tiempo existe una gran ambigüedad en la descripción de los hechos con la sola referencia de los años 2017/ 2018 (“durante el transcurso del año 2017 e inicio del año 2018”).
El fallo argumenta que «no basta con acreditar quienes cometieron el daño, sino que debe haber una relación espacial y temporal, los daños deben haber ocurrido en alguna manifestación concreta de ese colectivo, y añade que las pruebas presentadas no acreditan los daños denunciados, ni tampoco se demostró la cuantía de los gastos soportados en la reparación de esos supuestos daños.
Respecto del lugar también la demanda carece de prueba documental, si bien se señala que los daños se produjeron en la Casa de Gobierno, la Caja de Previsión Social, el Ministerio de Economía e Infraestructura y el ministerio de Desarrollo Social de esta Provincia, «no hace referencia a vinculación alguna con la cuestión temporal, ni se identifican concretamente a las personas que habrían participado en cada uno de los supuestos eventos dañosos».
Con este fallo, la gobernadora de Santa Cruz, se expone a un sinnúmero de reclamos a las puertas de la Casa de Gobierno de esa provincia, toda vez que la situación socioeconómica le es adversa al Gobierno y debilita aún más su posición.
