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PIDEN TIPIFICAR EL DELITO COMO CRUELDAD CONTRA LOS ANIMALES

Masacre en Punta Tombo: Greenpeace y abogados presentaron una denuncia


En el día de la fecha, la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas y Greenpeace Argentina presentaron una denuncia penal ante las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut, para exigir una investigación penal a fondo con motivo de la masacre perpetrada en la Reserva Punta Tombo.
“Entendemos que estamos ante un Ecocidio por haberse generado un daño grave, a gran escala e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la madre tierra, comprometiendo la reproducción y desarrollo de una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo, alterando significativamente la continuidad de los ciclos vitales de la Naturaleza y afectando severamente su capacidad de regeneración”, sostuvieron Rafael Colombo y Lucas Micheloud de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas.
“Las topadoras pasaron por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo, en una zona de alta densidad de nidos. Esto es un verdadero crimen ambiental que constituye un delito penal y debe ser investigado y sancionado como tal. El daño generado es irreversible y la justicia debe actuar conforme a la gravedad de los hechos“, sostuvo Luisina Vueso coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace.

Crueldad

Las organizaciones entienden que se estaría configurando la acción típica del delito de Crueldad contra los animales, establecido en los artículos 1° y 3° de la Ley 14.346 de Maltrato Animal, donde se penaliza a quien hiciere víctima de actos de crueldad a los animales, siendo precisamente perseguida los actos de “lastimar y arrollar animales intencionalmente”, en concurso junto a otros tipos penales, como el Delito de Daño y posiblemente, el delito de Estrago (art. 183 y 186 del CPA).

Recuperación de los animales

Al mismo tiempo, la denuncia remitida sugiere a la Fiscalía interviniente que disponga, de manera inmediata, el traslado de los pingüinos afectados a un Centro de Atención y Recuperación Animal no Humano; la presentación, en un plazo 5 días, de un plan de reinserción de los pingüinos que fueran oportunamente trasladados por parte de las autoridades de la Reserva, observando que el mismo asegure los recaudos necesarios para el bienestar animal, manejo de la especie e integridad física; se efectúe una ficha médica por cada pingüino asesinado y herido, y se designe un equipo de expertos en ciencias biológicas y veterinarias de la Reserva a fin de realizar el seguimiento de la evolución de los mismos.
A su vez, se sugiere que se exhorte a la Administración de la Reserva y las reparticiones ministeriales provinciales competentes a diseñar una planificación de la Gestión Institucional de la Reserva, con el deliberado propósito de garantizar el bienestar y dignidad animal, para los pingüinos existentes y otros animales no humanos, adoptando medidas proactivas y preventivas que garanticen que no se realizarán acciones antrópicas en la reserva y terrenos colindantes que comprometan la integridad física y emocional de los pingüinos y otros animales no humanos; exhorte a las autoridades provinciales de Chubut a establecer mecanismos sancionatorios agravados frente a prácticas que dañen a los pingüinos y la diversidad biológica; solicite incorporar al imputado en registro de infractores ambientales y establece penas privativas de libertad contra su persona y penas accesorias: inhabilitación, caducidad de permisos, clausuras, multas, entre otras.

Capítulo ambiental

Las organizaciones insisten en la sanción de un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino. Argentina no posee regulaciones penales-ambientales claras ni contundentes que estén a la altura de la presente crisis ecológica, agravada por la pandemia por COVID-19, íntimamente ligada a los daños que se producen sobre la naturaleza y la madre tierra. En rigor, las fiscalías no cuentan con herramientas legales contundentes para enjuiciar, condenar y exigir recomposición del daño ambiental que se correspondan con los grandes crímenes ambientales producidos en nuestro país, durante los últimos años.



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