Este domingo circuló información acerca de la decisión de una juez que hizo lugar a un habeas corpus y resultó en que un detenido que estaba alojado en la Comisaría Tercera de Trelew fuera puesto en arresto domiciliario con consigna policial las 24 horas. Así se desprende de un documento que se habría filtrado de la Policía, en el que la novedad es informada por la autoridad de la Comisaría al Jefe Regional. Sin entrar en detalles de los motivos que llevaron a decisión de la juez Mirta Moreno, está claro que la determinación generó cierto malestar y ese sería el motivo de que “se filtrara” la información. Todo parece indicar que la juez ante el requerimiento del detenido hizo lugar al habeas corpus, porque las dependencias de la Comisaría en cuestión no estarían en condiciones adecuadas para alojar al detenido, ni a ningún otro. Puede que la decisión de la magistrada no haya caído en gracia, pero no es menos cierto que aún quien incurre en un delito tiene derechos. Vivimos en un país democrático, tenemos leyes que nos permiten convivir en sociedad de manera armónica, tenemos leyes que protegen a quienes infringen la ley para que no sean maltratados o torturados, tenemos leyes que aseguran la legítima defensa, tenemos leyes. Los jueces no salen de gira por los centros de detención para verificar el estado de las instalaciones, esa es la tarea de la Defensa Pública que protege los derechos de las personas privadas de la libertad. Los defensores públicos y privados, aseguran el trato digno de los detenidos, y los fiscales se aseguran de probar los delitos que quienes faltan a la ley. El mantenimiento adecuado de las instalaciones penitenciarias, son responsabilidad del Poder Ejecutivo. Las comisarías solo deberían mantener detenidos por espacios breves de tiempo, pero la superpoblación penitenciaria obliga al sistema a alojar procesados, e incluso condenados en comisarías. He aquí el bosque, sobre el que deberíamos prestar atención. Qué está sucediendo en nuestra sociedad que el servicio penitenciario está siempre colapsado, que sucede que no hay lugares adecuados para alojar a quienes están en conflicto con la ley penal, que ocurre que juzgamos a los jueces porque atienden a las demandas de un detenido que pide que se respeten sus derechos humanos básicos. Nadie que haya sido víctima de un delito quiere a su agresor libre, pero lo cierto es que por ello existe la ley y aquello a lo que llamamos justicia. A no equivocar el enfoque, porque las asignaturas pendientes no se ciernen al Poder Judicial, sino también a los otros dos poderes del Estado.