El exfuncionario Alberto Vargas, está acusado de pedir 300 mil dólares en concepto de soborno para lograr la aprobación de la obra de un hotel en Puerto Pirámides. El hecho quedó registrado en una cámara oculta. Marcela Montero, signada como coautora del delito, quien reconoció ante la jueza que entiende en la causa que el pedido de coima existió. Sin embargo, Vargas pidió una probation. En caso de ser condenado, recibirá una pena de prisión y no podrá volver a ejercer cargos públicos.

La acusación

“Si, pedimos coimas”, reconoció Marcela Montero ante la jueza Yamila Flores. La mujer fue condenada a un año y seis meses de prisión en suspenso como partícipe del delito de “tráfico de influencias” ocurrido en 2019 contra un empresario que buscaba instalar un emprendimiento hotelero en Puerto Pirámides. Pero Alberto “el negro” Vargas, exfuncionario provincial, pidió una “probation”.
Así se conoce a la suspensión de juicio a prueba donde el acusado solicita hacer tareas comunitarias para evitar ir a un juicio oral. La Fiscalía se opuso. Y el próximo 25 de octubre la jueza Flores notificará su resolución. Además de la pena de prisión, en caso de ser condenado, Vargas quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Los hechos

La acusación que presentaron los fiscales Daniel Báez y Juan Pablo Santos indicaron que “a fines de 2018, mientras el hotel se encontraba en proceso de aprobación de permisos, el desarrollador hotelero Marcelo Battilana recibió una solicitud de soborno”, a la vez que “una mujer le dijo que tenía vínculos con funcionarios y que podría obtener la aprobación final de la obra, que por razones de índole administrativas vinculadas al municipio de dicha localidad, no habían sido aprobadas; pero le dijo que necesitaba 300 mil dólares”.
Battilana junto a la socia canadiense Amy Sharilyn, “decidió realizar la denuncia ante el fiscal Daniel Báez”, agregaron, agregando que pidieron “300 mil dólares y le indicaron que Vargas, por sus vínculos políticos obtenidos durante su mandato como funcionario de la Provincia y su cercanía con los concejales de la comuna de Puerto Pirámides, iba a influir sobre estos para que aprueben la modificación de la ordenanza que le permitiese obtener la aprobación”.
Según refirió Battilana, ante el requerimiento del fiscal Báez que “me preguntó si estaba dispuesto a ayudar en la investigación, a lo que accedí”, desde la cual relataron que “como parte de una operación encubierta para ayudar al fiscal a reunir evidencia, Battilana les ‘siguió el juego’, interactuando con Marcela Montero, la mujer que se había ofrecido como nexo”. Desde la Fiscalía dieron cuenta de una serie de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp con Montero que fueron registrados para la investigación.
“Battilana se reunió con Montero y con Alberto Vargas en un restaurante. Durante estas reuniones, que fueron filmados y grabados por la División de Investigaciones de la Policía”, continuó la Fiscalía. La medida fue autorizada judicialmente. Allí, le dijeron que si pagaba un anticipo sobre el soborno “nos darían la aprobación final para nuestro desarrollo, y luego podríamos hacer el último pago; era como pagar en cuotas”, reveló el empresario.