Activistas antimineros interrumpieron el tránsito durante tres días. Los dirigentes políticos de quienes demandaban su presencia, nunca llegaron. Es decir, que el corte en la Ruta 3, solo alteró la producción y la libre circulación de vehículos particulares, empresas y camiones que trasladaban mercancías varias. Todo ciudadano tiene derecho a movilizarse y reclamar, eso es indiscutible, pero cercenar los derechos de otro no puede ser la metodología, y eso no es opinable, está establecido en la Constitución. La responsabilidad del Gobierno sobre la crítica situación de la provincia, es incuestionable, pero los cortes de ruta solo impactan en la actividad económica y social. Habiéndose expresado la Legislatura de Chubut, el reclamo para que se trate la Iniciativa Popular resulta estéril. El rechazo a la Iniciativa Popular no implica necesariamente la aprobación de la zonificación, ese será en todo caso otro debate legislativo que llegará o no al recinto, dependerá de los 27 diputados elegidos por la mayoría de los electores de Chubut, porque sin importar que tan decadente resulte la dirigencia política, la escasa credibilidad que ostenten, o lo demagógico de algunos discursos, en democracia los representantes del pueblo, son aquellos que fueron elegidos en las urnas.