SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT

Nación prevé la construcción de más de 260.000 viviendas en tres años


El Gobierno nacional oficializó hoy los aspectos mínimos que deberán contemplar los proyectos de normas provinciales que se dicten en el marco del Programa de Planificación y Desarrollo Territorial, dentro del cual se avanzará con la construcción de más de 260.000 viviendas en los tres años.
Las líneas directrices para los gobiernos provinciales fueron oficializadas a través de la Resolución 2/2021 publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.
Se busca que se promueva un uso del suelo socialmente justo, ambientalmente sostenible y económicamente equitativo entendiéndolo como un recurso central para el desarrollo territorial. Las normas provinciales deberían contribuir al equilibrio territorial de las diferentes regiones y sus habitantes, armonizando el proceso de urbanización con el territorio y sus recursos, como parte de la identidad cultural, ambiental y paisajística.
También se apunta a garantizar a todos los habitantes un hábitat adecuado, con seguridad jurídica en la posesión de una vivienda, en condiciones de habitabilidad, asequibilidad, espacio suficiente para el desarrollo de las capacidades humanas y localización en entornos que aseguren el acceso a las infraestructuras básicas, a equipamientos sociales de educación, de salud, de esparcimiento y de seguridad, entre otros, a un ambiente sano, de adecuación cultural y de acceso a opciones de empleo.
La cartera nacional instó a las provincias a detener y reorientar los procesos de crecimiento urbano descontrolados por falta de planificación para reducir desequilibrios demográficos y espaciales defectuosos producto de las acciones especulativas del crecimiento económico. También hay un impulso a que se implementen planes, programas e instrumentos en el corto, mediano y largo plazo tendientes a la gestión del desarrollo a nivel nacional, provincial y municipal, fortaleciendo un sistema federal de coordinación interjurisdiccional.
El Gobierno propuso establecer principios rectores de la política territorial que promuevan la justicia social, el reparto equitativo de cargas y beneficios de los procesos territoriales, el ejercicio socialmente responsable del derecho de propiedad y garanticen de esa manera la gestión democrática del territorio y la progresividad en el cumplimiento de las metas establecidas.


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