El Gobierno nacional oficializó hoy los aspectos mínimos que deberán contemplar los proyectos de normas provinciales que se dicten en el marco del Programa de Planificación y Desarrollo Territorial, dentro del cual se avanzará con la construcción de más de 260.000 viviendas en los tres años.
Las líneas directrices para los gobiernos provinciales fueron oficializadas a través de la Resolución 2/2021 publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.
Se busca que se promueva un uso del suelo socialmente justo, ambientalmente sostenible y económicamente equitativo entendiéndolo como un recurso central para el desarrollo territorial. Las normas provinciales deberían contribuir al equilibrio territorial de las diferentes regiones y sus habitantes, armonizando el proceso de urbanización con el territorio y sus recursos, como parte de la identidad cultural, ambiental y paisajística.
También se apunta a garantizar a todos los habitantes un hábitat adecuado, con seguridad jurídica en la posesión de una vivienda, en condiciones de habitabilidad, asequibilidad, espacio suficiente para el desarrollo de las capacidades humanas y localización en entornos que aseguren el acceso a las infraestructuras básicas, a equipamientos sociales de educación, de salud, de esparcimiento y de seguridad, entre otros, a un ambiente sano, de adecuación cultural y de acceso a opciones de empleo.
La cartera nacional instó a las provincias a detener y reorientar los procesos de crecimiento urbano descontrolados por falta de planificación para reducir desequilibrios demográficos y espaciales defectuosos producto de las acciones especulativas del crecimiento económico. También hay un impulso a que se implementen planes, programas e instrumentos en el corto, mediano y largo plazo tendientes a la gestión del desarrollo a nivel nacional, provincial y municipal, fortaleciendo un sistema federal de coordinación interjurisdiccional.
El Gobierno propuso establecer principios rectores de la política territorial que promuevan la justicia social, el reparto equitativo de cargas y beneficios de los procesos territoriales, el ejercicio socialmente responsable del derecho de propiedad y garanticen de esa manera la gestión democrática del territorio y la progresividad en el cumplimiento de las metas establecidas.