POR EL ESCÁNDALO CON SU EMPLEADA DOMÉSTICA

Avanza la investigación contra Victoria Donda


Pese a la feria judicial, la Justicia avanza rápidamente en la investigación contra Victoria Donda, por ofrecerle un cargo en el INADI o un plan social a su empleada doméstica para que renuncie. Esta semana la AFIP envió un informe al juzgado federal de Sebastián Casanello, sobre los pagos realizados por la funcionaria a Arminda Banda Oxa durante los años en que la tuvo “en blanco”; mientras que su abogado penalista ratificó la denuncia y, al día siguiente, declaró como testigo su abogado laboralista Osvaldo Barsanti.
Con la ratificación de la denuncia, por parte del abogado Fernando Zarabozo, la presidenta del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) quedó formalmente imputada por el fiscal Eduardo Taiano por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos.
La causa se maneja en estricta reserva y los abogados decidieron bajar la alta exposición mediática de los primeros días, pero Clarín pudo saber que “la investigación apunta a corroborar la denuncia y ver si realmente hubo delito de Donda o no”, dijeron fuentes judiciales. Por eso, se ratificó la denuncia y la tramitación de la causa continuará la semana que viene, cuando regrese el titular de la fiscalía Guillermo Marijuan, quien “determinará cómo avanza la investigación”, agregaron las fuentes judiciales.
Se supo que al testigo Barsanti le mostraron un detallado informe de la AFIP, para que el abogado laboralista certifique en sede judicial desde cuándo trabajaba Banda Oxa con Donda, cuánto le pagaba realmente y qué trabajo en el Estado le ofreció la funcionaria para dejar el empleo en su casa particular.
Con los elementos de prueba que ya hay en la causa judicial, una de las medidas que tomaría el fiscal Marijuan sería citar a indagatoria a la titular del INADI, para que se defina su situación procesal.
La denuncia «por hechos de corrupción» fue presentada por el abogado penalista de Banda Oxa, Fernando Zarabozo, quien planteó que la empleada doméstica trabaja desde el año 2007 con la titular del INADI, quien pretendió echarla una vez iniciada la cuarentena por el coronavirus, «intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado», según la denuncia presentada por Zarabozo.


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