Los efectos de la pandemia y la extensa cuarentena con la paralización de gran parte de las actividades repercuten fuerte en la economía doméstica. Un estudio de la Federación de Inquilinos Nacional (FIN) reveló que, en noviembre, cuatro de cada diez familias se encuentran en morosidad con el pago de sus alquileres. Además, los hogares deben destinar el 56,1% de sus ingresos totales para afrontar los arrendamientos de las propiedades. Hasta el 31 de enero de 2021 están prohibidos los desalojos por deuda.

Crisis habitacional

Desde que inició la emergencia sanitaria de coronavirus en Argentina se tomaron diversas medidas para mejorar la situación de quienes alquilan una vivienda para poder tener un hogar. En este contexto, la Federación de Inquilinos Nacional elaboró un relevamiento en noviembre, donde se precisó que los ingresos totales de los hogares dedicados a pagar el alquiler ascendieron al 56,1%, mientras que en octubre fue del 51,7%.
El mismo documento también revela que el 39,9% de los inquilinos argentinos se encuentra endeudado. Esto quiere decir que cuatro de cada 10 personas que alquilan su vivienda deben dinero por conceptos de meses que ya han vencido.
De esta manera, los resultados del informe revelan un empeoramiento en la crisis económica de las familias inquilinas. Además, quedó en evidencia la crisis habitacional producto de la falta de control del cumplimiento de la Ley de Alquileres y del último decreto del Gobierno Nacional sobre esta temática. A esto se le suma el golpe de mercado en los precios de los alquileres.
En este contexto, el 94.5% de los inquilinos cree que no hay control de los derechos al acceso a la vivienda en alquiler, mientras que el 58% manifestó que sufrió aumentos en el período de la pandemia.

Sin desalojos hasta el 31 de enero

Al respecto, vale recordar que días atrás el Gobierno Nacional anunció que se mantendrán suspendidos los desalojos por falta de pago y seguirá el congelamiento de precios de los alquileres. Así había sido establecida a fines de marzo con el decreto 320, con fecha de finalización el 30 de septiembre. Pero ante la emergencia económica y sanitaria por la crisis del coronavirus, el Poder Ejecutivo decidió prorrogar las medidas hasta el 31 de enero de 2021.
Según los considerandos del decreto, la medida fue tomada debido a la situación económica, por lo que los locatarios vieron «afectados sus ingresos como consecuencia de la merma de la actividad», lo que les dificultó «hacer frente a sus obligaciones». El objetivo del texto «no es otro que evitar el agravamiento de la problemática respecto de la vivienda», agrega. La vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró en una entrevista radial que «vamos a seguir acompañando a la gente que alquila ya que estos meses fueron difíciles».
En la misma línea, el Gobierno extendió al 31 de enero de 2021 el decreto 319, que es el que mantenía congeladas las cuotas de los créditos hipotecarios UVA hasta fin de este mes. También se mantendrán las suspensiones de ejecuciones. Los montos adeudados por el congelamiento podrán ser convertidos a UVA y refinanciados sin intereses en el marco del «esfuerzo compartido» entre los deudores y los bancos. El esquema de convergencia se extenderá entre el primero de febrero y el 31 de julio. Habrá «instancias para la consideración» en los casos donde la cuota supere el 35 por ciento de los ingresos de los deudores.
Dentro de las explicaciones otorgadas por la administración de Alberto Fernández, se precisó que la medida fue tomada debido a que el fin del congelamiento iba a implicar un salto de la cuota de octubre del 33 o 16%, según los que hubieran sido también alcanzados por el congelamiento del gobierno de Mauricio Macri, entre septiembre 2019 y febrero de este año. Además, si se le adicionan deudas por diferencia en el monto de las cuotas o falta de pago, dichos porcentajes se incrementarían entre el 70 y el 33%, «cifras con un importante impacto en los ingresos de los deudores».