Trabajadores de la Secretaría de Pesca se movilizaron en reclamo del pago del incentivo que deberían percibir por el cobro del Fondo Ambiental Provincial (FAP), que está vigente por Ley desde hace dos años y la mayoría de las empresas alcanzadas por el tributo no pagan. A la fecha se estima que la deuda supera los 200 millones de pesos, y según fuentes extraoficiales solo se habría recaudado poco más del 18% de lo que debería ingresar a las arcas provinciales.
Cabe mencionar que los montos calculados corresponden a la recaudación de 2019, puesto que la zafra del langostino en aguas provinciales acaba de cerrar recientemente y la de aguas nacionales está en proceso.
Si bien el organismo recaudador es el Ministerio de Ambiente de la Provincia a cargo de Eduardo Arzani, la responsabilidad recaería en el secretario de Pesca, Adrián Awstin a quien se lo responsabiliza de obstaculizar el cobro al retrasar el envío de la información que se requiere para que se pueda efectivizar el pago del impuesto. Hay intimaciones por barco que van desde 1.300.000 a 5 millones de pesos, de acuerdo a los datos relevados por El Diario.

Qué dice la Ley

La Ley establece que el fondo estará conformado “por un arancel aplicado a cada cajón de langostinos desembarcado en cada localidad portuaria de la Provincia, cuyo monto será equivalente en pesos al valor de un litro de diésel Premium YPF. Los cajones y o cajas descargados por barcos con permiso de pesca otorgado por la Provincia de Chubut pagarán el 50% de dicho canon tomando en cuenta el acta de descarga y/o parte de pesca”, expresa el articulado de la normativa.
Un cálculo inicial da cuenta que por las descargas en Rawson se debería haber percibido a la fecha, poco más de 127 millones de pesos, Puerto Madryn 46,5 millones, Camarones más de 53 millones y Comodoro Rivadavia, poco más de 4 millones, dado que en cada caso se trata de descarga de cajones de langostinos. El dato más significativo es que el 50% de esa recaudación que no se hizo, le corresponde por Ley a los municipios portuarios.
Del 50% que debería quedar en manos de la Provincia, un porcentaje debe ser abonado a los trabajadores de la Secretaría de Pesca y del Ministerio de Ambiente de acuerdo a los términos de la misma legislación que establece el canon.

Sumas impagas

Una modificación que se realizó oportunamente al texto de la legislación, establece que se faculta al “Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a emitir certificados de deuda, en caso de existir sumas impagas, ya sean totales o parciales, o pagos fuera de término, los cuales serán instrumento ejecutivo suficiente para su ejecución. El certificado deberá contener como mínimo los siguientes requisitos: lugar y fecha de otorgamiento, firma de los funcionarios competentes, indicación concreta del deudor, importe y concepto de deuda e intereses. Asimismo, queda facultado el citado Ministerio para dar aviso a la autoridad portuaria para que ésta proceda a suspender los servicios portuarios al sujeto deudor, negando futuros desembarcos hasta tanto se acrediten los pagos pendientes”.
Vale decir que mientras la Ley esté vigente, las empresas están en deuda con el Estado y en algún momento deberán pagar lo adeudado.
Recientemente se supo que el ministro de Ambiente, Eduardo Arzani, habría manifestado su malestar por la situación que lo estaría colocando en el ojo de la tormenta y por ello habría iniciado una campaña para exigir el pago del tributo. Es así que se hay reclamos varios, un barco que descaró 88 mil cajones de langostino fue intimado a pagar 2.700.000 pesos, otro por 158 mil cajones adeuda 5 millones de pesos, y hay quienes tienen más de un barco y con solo dos embarcaciones descargaron 184 mil cajones de langostino y deberán pagara 7 millones de pesos.
Los barcos que descargan cajones de langostino en los puertos de Chubut que corresponden a la provincia son un centenar, y hay otro medio centenar que tienen domicilio en Mar del Plata pero descargan en el puerto de Camarones y también deben pagar.
Según datos del sistema fiscal de Chubut, la recaudación del sector supera los 3 mil millones de pesos anuales, por lo que resulta extraño que la Provincia no haga efectivo el cobro del canon, ya que si bien los empresarios han realizado presentaciones ante la Justicia, mientras no se expida, la Ley está vigente y el que no paga, es deudor del Estado de Chubut.