Un mes y medio después del sorpresivo anuncio en Casa Rosada Alberto Fernández estampó la firma en un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en la tarde del viernes en el Boletín Oficial con el que dio oficialmente marcha atrás en la intervención y expropiación de Vicentin, argumentando una “obstrucción” empresarial y judicial y con fuertes críticas a los accionistas de la compañía.
“Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, explicó el Presidente a través de Twitter.
De esta manera, el Presidente volvió a cargar contra la cúpula de accionistas de la firma agroexportadora y “el juez interviniente en el concurso, que no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”, resaltó Fernández en las redes sociales mientras en la Secretaría Legal y Técnica terminaban de publicar el decreto en el Boletín Oficial.
En el Gobierno hay tanto malestar con los dueños de Vicentin como con el juez en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso. “Está jugando absolutamente con la empresa”, explicaron colaboradores presidenciales al tanto de los detalles de la decisión. “El lunes les dio 40 días más a los accionistas para presentar los balances. Es más: abrió el concurso sin que se presentaran esos documentos, algo que no está permitido. A cada requerimiento de la familia Nardelli y compañía, el juez les dio acogida”, ampliaron cerca del jefe de Estado, visiblemente molestos.
Desde su anuncio, que sorprendió incluso a algunos sectores del Frente de Todos por lo intempestivo, en los primeros días de junio, el Gobierno se enfrascó en una batalla político y judicial que luego incluyó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y en la que hasta hoy no le había encontrado una salida viable. Rodeada, para colmo, por fuertes críticas del empresariado y la oposición, y frente a una reacción adversa de un sector relevante de la sociedad.