EL EJECUTIVO ELEVÓ EL PROYECTO. DIPUTADOS PONEN REPAROS Y EXIGIRÍAN HACER UN SEGUIMIENTO

Cuánto ‘embolsarán’ los intermediarios que renegocien la deuda de Chubut


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El gobierno de Mariano Arcioni se vio obligado a dar marcha atrás en su idea original de otorgarles el 0,3% de “comisión” a los agentes financieros que negocien la reestructuración de la deuda pública en dólares de Chubut. Eso se desprende del proyecto que elevó este viernes a la Legislatura. Las “suculentas comisiones” que embolsarán los intermediarios contratados por el Gobierno habían alimentado sospechas, por los montos multimillonarios que están en juego, y pronosticaban serios reparos en el debate parlamentario.
Esta iniciativa fue trabajada durante largos meses por el equipo económico del Gobierno, encabezado por el ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Abel Antonena, quien resignó, al menos desde lo formal, darles el 0,3% de comisión al 0,1% a los “intermediarios”.
Con todo, el cálculo se debe hacer sobre 900 millones de dólares que se planean reprogramar. Aunque todo quedará supeditado a la “letra fina” que el gobierno de Arcioni selle con los agentes financieros, ya que ese 0,1% de comisión podría incluir otros agregados de gastos financieros y de asesorías. Allí están puestas todas las miradas.

Dudas y reparos

El mismo día del ingreso del proyecto, la diputada Xenia Gabella, integrante del bloque disidente del oficialismo advirtió “ingresó hoy el Proyecto de Ley que plantea la reestructuración de la sostenibilidad de la deuda pública. Observamos modificaciones al borrador inicial y aún creemos que es necesario analizar quiénes llevarán a cabo el monitoreo del cumplimiento de lo planteado. Es adecuado a nuestro criterio incorporar una comisión de seguimiento en donde los legisladores estemos involucrados”, indicó a través de redes sociales.

El proyecto

En líneas generales, la propuesta del Ejecutivo consiste en la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública, centrada en el BOCADE (vencimiento en 2026) y el BOPRO (vencimiento en 2023). En tanto que este mecanismo se centrará en los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, mientras que el nuevo sistema de pagos no podrá iniciar con posterioridad al año 2023.
Desde el Gobierno se solicita en el proyecto mencionado que se lo autorice a “dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y/o complementarias que fueran necesarias para el cumplimiento de la presente ley a fin de asegurar el normal funcionamiento de las instituciones provinciales”.

Garantías en regalías o coparticipación

Uno de los apartados del proyecto que será analizado en los próximos días por los diputados provinciales esgrime que la garantía de este mecanismo está contemplada en las regalías hidrocarburíferas y en los ingresos por Coparticipación Federal.
Puntualmente, el inciso c) del artículo 4° indica “la afectación en garantía, cesión en pago y/o propiedad fiduciaria de los fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo con lo previsto en el acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o el régimen que en el futuro reemplace, y/o de las regalías hidrocarburíferas y/o los recursos propios de libre disponibilidad, en todos los casos netas de coparticipación a los municipios, a efectos de instrumentar las operaciones de crédito público autorizadas en la presente ley”.

Comisiones no superiores al 0,1%

Otro de los lineamientos de la ley es la posibilidad de que se autorice al Ministerio de Economía y Crédito Público a realizar “todos aquellos actos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley”.
Dentro de esto último, también se prevé “aprobar y suscribir contratos con entidades financieras para que presten los servicios enumerados en los incisos precedentes, previéndose para ello el pago de comisiones en condiciones de mercado, las que en ningún caso podrán superar el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado, acorde a las especificaciones técnicas particulares que determine la autoridad de aplicación”.
Por último, el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo indica en su artículo 5° que “todos los actos, contratos y operaciones que se realicen como consecuencia de lo dispuesto en la presente ley se encontrarán exentos del pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales existentes a crearse en el futuro”.


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