El veto a la ley que adhería a las disposiciones establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 311/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, en cuanto a la prohibición de corte de servicios en caso de mora o falta de pago, a los usuarios que integran los grupos vulnerables establecidos en dicha norma, provocó profundo malestar debido que se trata de una ley que fue aprobada por unanimidad.
El secretario general de Gobierno, Andrés Meiszner, ratificó este viernes que la próxima semana estarían enviando un proyecto a la Legislatura, al afirmar que “se está tratando de hacer un nuevo proyecto de ley”, dijo al tiempo que agregó que se debía a cuestiones de formalidad de la norma, sin embargo y a pesar de que el funcionario aseguró que “de ninguna manera es intención del Gobierno”, dijo al ser consultado sobre la posibilidad de corte de servicios.
Cierto es que el DNU nacional alcanza a un sector específico de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad social, y eso acota el alcance de la normativa como fuera explicado oportunamente por las cooperativas de servicios públicos de las diversas localidades de Chubut, aun así la falta de un instrumento legal provincial, deja al descubierto a los más vulnerables.
Parafraseando al gobernador Arcioni, “se generó una ventana”, desde el punto de vista legal, porque aunque es difícil imaginar a las cooperativas de servicios públicos de Chubut, saliendo a cortar los servicios esenciales a los sectores más vulnerables de la ciudadanía, no es menos cierto que la vulnerabilidad social en este caso está asociada a la vulnerabilidad jurídica porque no existe en Chubut ninguna herramienta legal vigente que prohíba que se suspenda el servicio a quienes no pagaron.
“Todo lo que no está prohibido, está permitido”, advierten desde distintos sectores, al señalar que hasta tanto no haya una norma que adhiera al DNU 311/2020 emitido por el gobierno Nacional, en Chubut se pueden suspender los servicios de energía y agua, al igual que los servicios de cloacas. Igual alcanza a servicios de TV por cable o Internet que sean prestados por empresas de alcance provincial.

Todo por la ventana

“Consenso y diálogo político”, es la frase elegida por Meiszner desde su asunción, pero lo cierto es que hasta el momento, todo parece seguir siendo imposición desde el Ejecutivo.
No queda claro en los fundamentos del veto a la ley que adhiere al DNU 311/2020 de Nación, los motivos de la iniciativa.
De hecho Arcioni había enviado un DNU a la Legislatura en el que adhería al mismo Decreto Nacional, y en su articulado declaraba servicio esencial la labor de los trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia. Fue este último punto el que cuestionaron los diputados y por ello, en lugar de aprobar el DNU, decidieron votar una ley que protegiera a los más vulnerables y salió por unanimidad.
En similares términos a los expresados por Meiszner se manifestó el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Chubut (ENRE), Gustavo Monesterolo, al afirmar que “la Legislatura rechazó el decreto provincial y aprobó una ley que adhiere al decreto nacional, pero dejó de lado algunas cuestiones que deben ser aplicadas con el marco regulatorio provincial. Por eso es que esa ley fue vetada y vamos a enviar un nuevo proyecto de ley para que sea tratado por los diputados provinciales”, indicó.

La decisión

En diálogo con El Diario, la diputada Adriana Casanova cuestionó el veto a la ley, y advirtió “en esa Ley, dejamos en claro la adhesión al decreto 311 del gobierno nacional porque entendíamos que había que proteger a los más vulnerables”.
“Con este veto, lo que vemos es un descuido importante del Ejecutivo, dijo al afirmar que en este momento “no tenemos ni Decreto provincial, ni ley y aunque todos imaginemos que las cooperativas no van a salir a cortar la luz a la gente, el punto es la desprolijidad del Ejecutivo”, afirmó.