UN TRIBUNAL REVOCÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA DE CRISTINA KIRCHNER EN LA CAUSA POR EL MEMORÁNDUM CON IRÁN. LA DENUNCIA LA HABÍA HECHO EL ASESINADO FISCAL ALBERTO NISMAN. EL TOF 8 CONSIDERÓ QUE NO HAY RIESGOS PARA PENSAR QUE PUEDA FUGAR O ENTORPECER, MÁXIMO CUANDO AHORA ES VICEPRESIDENTE

Fría y espumante


El Diario | Opinion

El Tribunal Oral Federal 8 decidió, en vísperas de Navidad, hacer caer la prisión preventiva que pesaba sobre Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán, el expediente que nació con la denuncia de Alberto Nisman en enero de 2015 y en donde se denunció el encubrimiento para los sospechosos de haber volado la mutual judía, un atentado que en 1994 mató a 85 personas.
Según el Tribunal Oral, no existen elementos para hacer pensar en entorpecimiento de la investigación o una fuga por parte de Cristina Kirchner. Pero además, dijeron los magistrados, aquí se da «la circunstancia extraordinaria de que la aquí imputada ha sido recientemente investida como Vicepresidente de la Nación”.
Con esta decisión, Fernández de Kirchner solo tiene activa una orden de prisión preventiva, también dictada por el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos. Como informó hoy Infobae, el pedido de la defensa de CFK para hacer cesar esa prisión se demora por un conflicto interno en la Cámara Federal de Casación Penal.

Cese de las preventivas

La orden de detención en la causa Memorándum había sido dictada el 6 de diciembre de 2017 y nunca se había hecho efectiva porque la hoy vicepresidenta tenía fueros. Mientras tanto, fueron detenidos otros de los involucrados: el fallecido ex canciller Héctor Timerman, el hoy Procurador del Tesoro Carlos Zannini o el ex líder de Quebracho Fernando Esteche. Hoy, ninguno está en prisión porque sus prisiones preventivas cesaron. Sin embargo, la ex presidenta nunca había pedido formalmente su excarcelación. Sí había apelado la preventiva, que estaba firme tras un fallo de la Corte Suprema.
Pero pasó el tiempo y se cumplieron dos años de esa prisión preventiva, el plazo estipulado para que dure una detención sin condena. El TOF 8, con la firma de José Michilini, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado, dispusieron hoy hacer caer esa medida. “No existen motivos fundados en la actualidad para sostener la presunción de fuga o entorpecimiento aludida, a la vez que resulta ineludible tener en vista la circunstancia extraordinaria de que la aquí imputada ha sido recientemente investida como Vicepresidente de la Nación”, dijeron López Iñiguez y Michilini.

No creen que se fugue

“Este hecho aunado a los ya señalados torna innecesario, a nuestro criterio, mantener la medida cautelar dispuesta, pues no hallamos atisbos de riesgos que pudiesen malograr tanto el proceso cuanto la realización de la ley sustantiva. Por ello corresponde dejar sin efecto la medida cautelar de carácter personal, oportunamente dispuesta sobre la nombrada y a partir de lo señalado deviene ocioso revisar la posible aplicación de cualquier medida morigerada alternativa a la prisión preventiva que aquí se ordena cesar”, afirmaron.
En un voto aparte, Obligado destacó que él interviene en el TOF que tramita las causas Hotesur y Los Sauces, y añadió “la importante cantidad de oportunidades en que por medio de las autorizaciones conferidas ha sido puesto a prueba su compromiso procesal, todas resueltas satisfactoriamente, constituyen un elemento objetivo para concluir que la Sra. Fernández de Kirchner ha dado muestra suficiente de estar a derecho y con la obligación asumida de comparecer cada vez que el tribunal la cite, permitiendo descartar cualquier riesgo de elusión del accionar judicial en autos”.

La denuncia de Nisman

El Tribunal Oral hizo especial hincapié en que el trámite para llegar a juicio oral se encuentra en marcha y que no hay dilaciones buscadas. Subrayaron que está abierto el ofrecimiento de pruebas. De hecho, Zannini solicitó que declare ya mismo Ronald Noble, el ex titular de Interpol que cruzó a Nisman apenas el entonces titular de la UFI AMI hizo la denuncia por el Memorándum con Irán contra la ex presidenta. También solicitó la declaración anticipada de Joel Sollier, consejero jurídico en 2013 que manifestó cuando se firmó el Memorándum que el acuerdo no implicaba “ningún tipo de cambio en el estatus de las certificaciones rojas aplicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA».
No es un dato menor. Se trata de la prueba que reclamó la defensa del ex canciller Héctor Timerman, desde que estalló el caso hasta que murió. Es que Noble es una carta esencial para las defensas: dirá que ningún funcionario kirchnerista intentó levantar las alertas rojas que pesan sobre los iraníes sospechados de haber participado del ataque a la mutual judía. Para los acusados, el testimonio de Noble demostrará que nunca se buscó dar impunidad a los acusados de volar la mutual judía, clave de la acusación.

Fin del Estado querellante

En la última audiencia del año del juicio contra Cristina Kirchner por el direccionamiento de la obra pública, los abogados de la vicepresidente y varias defensas adhirieron al pedido de Mariano Fragueiro Frías, quien solicitó que los abogados de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) no sigan siendo querellantes en el juicio contra la vicepresidenta y otros 15 acusados, entre ellos Julio De Vido, Lázaro Báez o José López.
¿Puede Alberto Fernández acusar a Cristina? El escenario judicial de la vicepresidente de la Nación es complejo, y el Presidente lo sabe. El discurso del Gobierno de hoy es claro: Cristina es inocente de los diez procesamientos y cinco pedidos de prisión preventiva con los que cuenta. Todo respondió al lawfare, es decir, a una «persecución política» para desprestigiarla.
La cuestión es que hoy el Gobierno sigue siendo querellante porque heredó las decisiones de la administración de Mauricio Macri. Con el nombramiento de Félix Croux, de Justicia Legítima, frente a la OA, y a la espera de la designación del nuevo titular de la UIF, el Gobierno de Fernández sigue sentado en los juicios por corrupción contra la actual vicepresidenta y también contra Lázaro Báez, Julio De Vido y Cristóbal López.
Después del crítico discurso sobre el accionar de la Justicia que hizo el Presidente ante la Asamblea Legislativa, en la última audiencia de 2019 del juicio por presunta corrupción en la obra pública, Frageiro Frias, representante de Héctor Garro, ex funcionario de Vialidad, solicitó ante el TOF 2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu-, que los abogados que representan a la UIF y la OA dejen de ser querellantes en este caso.

La jefa

Las demás defensas, incluida la de Julio De Vido, Cristina Kirchner y otros, adhirieron al planteo. «La OA no puede seguir en el juicio, por un lado en función del decreto 54/2019 que se publicó el sábado en el boletín oficial que dice que será requisito para desempeñarse en el cargo ser abogado y haber ejercido por más de 6 años la profesión. Además, al haber renunciado la Licenciada Alonso se da una de las causales que el código civil entiende como extinción del mandato de representación», explicó a Clarín el abogado que realizó el pedido.
Según su argumento, se cuestionó la legitimación de los representantes actuales, de los abogados que hasta hoy se sentaron en el juicio en representación de los dos organismos estatales «ya que los mismos fueron designados por personas que han cesado en su mandato y que son patrocinantes de esos funcionarios salientes», señalaron fuentes judiciales a Clarín.
En cuanto a la UIF, puntualmente, Fraguerio Frías indicó que los abogados que están presentes en el juicio «son patrocinantes y para intervenir debería presentarse Mariano Federicci», en referencia al funcionario saliente de ese organismo.
Lo cierto es que hay al menos tres organismos del Estado que tendrán incidencia directa sobre la suerte de Cristina Kirchner en la justicia federal. Se trata de la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP.
Hasta la fecha, esas tres dependencias públicas son querellantes en muchas causas de corrupción contra la ex presidenta y ex funcionarios kirchneristas. Es decir que en los juicios orales se sientan como partes acusadoras, y al igual que los fiscales son responsables de pedir condenas El pedido de este lunes fue en el único juicio que tiene en curso la vicepresidente, acusada como jefa de una asociación ilícita que habría defraudado al Estado al otorgarle 51 contratos viales al Grupo Austral por 46.000 millones de pesos.

Fuentes: Infobae, NA, otras


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