EN 2020 DEBÍAN REDUCIR LOS IMPUESTOS DE INGRESOS BRUTOS Y SELLOS

Las provincias reclamarán suspender el Consenso Fiscal


En el Consenso Fiscal firmado en 2017, con una adenda en 2018, se estableció, entre otros puntos, que las provincias bajarán los impuestos considerados distorsivos como los son los Ingresos Brutos y Sellos, en un periodo de 5 años. Según pudo saber Ámbito, las provincias le plantearán la cuestión al ministro Lacunza la semana que viene.
Lo que empezó como una advertencia de funcionarios y gobernadores, ahora se materializó en un documento que están elaborando los ministros de Economía para pedirle al Gobierno de Mauricio Macri que se suspenda el Consenso Fiscal para evitar una reducción en la recaudación de las provincias, máxime en un año como 2020 en donde las perspectivas económicas son desalentadoras.

Transición compleja

Con la transición en marcha, los ministros provinciales se apuraron para plantear la suspensión al actual Gobierno, y es por eso que le pidieron al ministro de Economía, Hernán Lacunza, una reunión para la próxima semana, tal como pudo averiguar Ámbito. La intención de los funcionarios es llevarle el documento y explicarle cómo la continuidad del Consenso Fiscal golpeará a las arcas provinciales.
Hay que recordar que el Consenso Fiscal firmado en noviembre de 2017 entre la Nación y las provincias tiene como objetivo lograr el equilibrio fiscal de las cuentas provinciales, algo que se logró en la mayoría de los distritos pero que en épocas en donde la recaudación en términos reales cae mes a mes, significa una gran preocupación.
En el Consenso Fiscal firmado en 2017, con una adenda en 2018, se estableció, entre otros puntos, que las provincias bajarán los impuestos considerados distorsivos como los son los Ingresos Brutos y Sellos, en un periodo de 5 años.

Fierro caliente para Alberto

Según el cronograma de modificación de IIBB y Sellos para 17 actividades económicas, el año próximo está previsto la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos en 13 sectores. Por ejemplo, actividades como agricultura, pesca y minería quedarán exentas a partir del año próximo, y otras como transporte pasarán de 3% a 1%.
Ante la delicada situación que atraviesa la economía argentina, los gobernadores le encomendaron a sus ministros que establezcan un puente de diálogo con Lacunza para dejar sin efecto la reducción prevista para 2020.
La gran duda es si los tiempos alcanzarán para darle forma al reclamo de las provincias. Es que a 25 días de que Mauricio Macri le pase la banda presidencial a Alberto Fernández, hay incertidumbre. Si bien, los gobernadores peronistas ya le plantearon el tema al próximo presidente, no quieren perder tiempo y dejar en claro que para 2020, no están en condiciones de resignar recursos.

Reclamos judicializados

Las provincias ya se habían plantado ante el Gobierno Nacional luego de las medidas post PASO aplicadas por Macri que tuvieron un impacto negativo en las cuentas provinciales. En la semana posterior a las PASO, los ministros de Economía recordaron que las provincias venían cumpliendo con el compromiso de bajar Ingresos Brutos y Sellos, mientras que además se hicieron cargo de subsidios al transporte y de la tarifa social energética, y soportan la eliminación del Fondo Sojero por un decreto del propio Macri.

La presión bonaerense

En este marco, el gobernador electo Axel Kicillof espera que el gobierno de María Eugenia Vidal deje su mandato con el dinero suficiente en sus arcas para asegurar el pago de sueldos, aguinaldos y dos bonos por más de 500 millones de dólares que vencen a partir de mediados de enero.
Con esta base resuelta es que la próxima gestión piensa plantear su política económica basada en la administración de los fondos que le transfiera la Nación y en las políticas de fomento de pymes y el consumo, a través de una reformulación del Banco Provincia.
Pero, entre la urgencia y el perfil de mediano plazo que buscan imprimirle a la gestión provincial para salir de la crisis, los economistas que rodean al gobernador electo planean poner en discusión y revisar, además, el consenso fiscal firmado entre el gobierno nacional y las provincias en 2017, que entre otros puntos estableció una reducción gradual del impuesto a los ingresos brutos que cobran los estados provinciales.
De mínima, y como plantean también otros mandatarios del peronismo y de Juntos por el Cambio, la intención de las provincias es demorar la baja pautada para esos impuestos locales, dada la caída en los ingresos coparticipables que también generó la crisis.
Cuando se firmó el consenso fiscal, Vidal recibió una compensación por el Fondo del Conurbano, que fue de $21.000 millones en 2018 y $44.000 millones para este año. Pero esos montos se establecieron sin prever una actualización por inflación: en ese momento, la Casa Rosada estimaba una inflación del 12% para 2018, con una baja en 2019. La inflación real terminó siendo de 47,6% el año pasado y se estima que volverá a crecer este año.

El costo fiscal de la pelea ganada de Gobernadores a la Rosada

Una rebaja de impuestos siempre tiene un costo fiscal inicial (en general es factible de calcular) y un costo fiscal neto. Cuando se reduce el impuesto a las ganancias de las personas humanas, éstas van a destinar parte de ese ingreso extra a consumir, y por ende se va a recaudar más IVA a nivel nacional, más impuesto a los ingresos brutos a nivel provincial, y más tasa de seguridad e higiene a nivel municipal.
De esta manera se puede estimar cuántas vueltas dará el dinero inicial y cuánta recaudación de la perdida inicialmente termina siendo recuperada por este motivo. Existe un efecto de segunda vuelta a través del mayor ingreso disponible que queda en manos de los beneficiarios, quienes se supone que vuelcan gran parte del mismo a consumir.
Por lo tanto, aun cuando un 33% se pierda por evasión según estadísticas de AFIP, una parte del costo fiscal se recuperaría por la vía del mayor consumo y /o actividad, que generan mayor recaudación de tributos, incluyendo los propios y los coparticipables. Dicho recupero no es fácilmente mensurable a priori.
Concretamente, el costo fiscal directo de estas dos medidas (Reducciones en Ganancias e IVA) se estima que es de $ 59.362 millones desde setiembre a diciembre de este año, inclusive. Este costo surge directamente de los decretos y el cálculo de su magnitud ofrece poco margen de dudas.
Teniendo en cuenta los cambios en Ganancias y los parámetros difundidos por el gobierno nacional, el costo fiscal directo inicial de aquí a fin de año por este impuesto sería cercano a los $ 48.000 millones. Respecto a la rebaja a 0% para el IVA de un grupo de alimentos, utilizando datos de consumo de alimentos en nuestro país, se estima que el costo fiscal puede acercarse a los $ 11.300 millones. Estos son dos de los tres impuestos coparticipables incluidos entre las medidas, por lo que este costo directo agregado (con algunas diferencias de cálculo menores según los parámetros que se escojan para hacer los cálculos) se comparte entre Tesoro Nacional, ANSES y provincias.
Si se centra el análisis en el costo fiscal directo inicial que deben asumir las provincias, el mismo se estima en $ 34.381 millones de aquí a fin de año. Este sería el monto máximo en discusión. El fallo de la Corte determina que el costo de las medidas debe ser asumido por el Estado Nacional, evitando poner en riesgo el financiamiento provincial a través de la coparticipación federal de impuestos.


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